Cancún.- Una extensión de vegetación, que incluía mangle, fue arrasada de dos predios a corta distancia de los vestigios arqueológicos El Meco, en la carretera a Punta Sam, situación que fue denunciada hace medio año, pero que todavía no ha sido atendida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Lo anterior lo aseveró Katerine Ender Córdova, apoderada legal de la asociación civil Movimiento en Pro de los Derechos del Pueblo, quien interpuso la denuncia por este ecocidio en enero, acompañada de amplia evidencia fotográfica, sin que la autoridad siquiera recibiera la misma.
Por esta situación, la ambientalista debió inconformarse e ingresar una queja formal ante el órgano interno de la Profepa, razón por la que, en febrero, esta agencia federal estuvo obligada a aceptar la denuncia, y abrir un expediente de investigación (PFPA/29.7/2C.28.2/0007-2020).
“Se acuerda admitir la presente denuncia a trámite de investigación y en tal tenor solicitar a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia en Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre realice las actuaciones que estime pertinentes al sitio descrito en la denuncia”, se indica en el escrito.
Sin embargo, ya se está en junio y todavía no hay respuesta ni se ha tomado acción alguna, por lo que procederá la vía del amparo, advirtió la activista; solo que a causa de la actual pandemia, el sistema judicial está casi detenido.
La devastación es doble, pues el desmonte fue realizado tanto en un predio del lado del mar como en uno del lado de la laguna, a ambos lados de esta carretera. En el lugar se veía a trabajadores con machetes y otros realizando labores de topografía.
Ender Córdova señaló que se ignora hasta ahora quiénes están detrás de este ecocidio y qué se pretende erigir en la zona, aunque se menciona desde una marina hasta una clínica.
TAJAMAR
Igual lentitud se ve en otras denuncias interpuestas, como en Tajamar, en donde todavía no hay reparación del daño, ni mantenimiento por parte de Fonatur; en Puerto Aventuras, en donde la devastación junto a El Cid continúa impune; y en playa Delfines, donde solo hay una suspensión municipal en contra del Gran Solaris, pero ninguna clausura federal.
En el caso de Tajamar, además existe un proyecto ciudadano para la recuperación de este espacio como jardín botánico, pero que todavía no tiene respuesta del Gobierno Federal.
