Benito Juárez, Estado de México.- Alejandro “N”, conocido como “El Rayo”, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio del Secretario de Seguridad Pública de este municipio y el intento de asesinato de un escolta que lo acompañaba. El Juez de Control determinó esta medida tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado.
Los hechos ocurrieron la noche del pasado 21 de marzo, cuando el funcionario público llegó a su domicilio acompañado de su chofer y escolta. Al descender del vehículo en el que viajaban, fueron atacados con armas de fuego. La agresión cobró la vida del Secretario de Seguridad Pública, mientras que el escolta resultó ileso.
Según las investigaciones, tras cometer el crimen, Alejandro “N” escapó hacia el estado de Tamaulipas. Posteriormente, se trasladó al puerto de Veracruz, donde fue localizado y detenido por las autoridades. Fue llevado de regreso al municipio de Benito Juárez, donde quedó a disposición de la justicia.
Durante la audiencia, el juez resolvió que Alejandro “N” enfrentará el proceso legal bajo la medida cautelar de prisión preventiva durante dos años o hasta que concluya el juicio. La Fiscalía continuará reuniendo pruebas para esclarecer el caso y garantizar que se haga justicia.
Este incidente ha generado conmoción entre los habitantes de Benito Juárez, quienes exigen mayor seguridad y un combate efectivo contra la violencia en la región.
La prisión preventiva en Quintana Roo es un mecanismo cautelar del sistema judicial que permite mantener detenidas a personas acusadas de ciertos delitos durante su proceso legal, sin haber recibido una sentencia definitiva. Esta medida busca garantizar que los acusados no huyan ni interfieran en la investigación, especialmente en casos de gravedad.
En el estado, se ha registrado un número significativo de personas en prisión preventiva, lo que demuestra su relevancia dentro del sistema judicial. En años recientes, el Congreso estatal ha ampliado la lista de delitos que justifican esta medida, incluyendo el tráfico de drogas sintéticas, la extorsión, el contrabando y el uso de comprobantes fiscales falsos. Estas modificaciones buscan reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado.
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Sin embargo, esta política ha generado debates. Por un lado, se considera fundamental para proteger a la sociedad y garantizar que los procesos judiciales sean efectivos. Por otro lado, críticos señalan que su aplicación excesiva puede llevar a una sobrepoblación carcelaria y afectar a personas que aún no han sido declaradas culpables.
