Es cierto que la sociedad civil no debe abandonarse a la ira ni hacer justicia por propia mano. Pero ¿qué hacer cuando la autoridad abandona a los ciudadanos como sucedió ayer? ¿Qué hacer cuando se constata que las patrullas se retiran dejando a la gente sola frente a un sujeto que obviamente era peligroso y repulsivo porque por su propia cuenta se hizo despreciable? Carlos Eduardo Gutiérrez no debió morir. Qué terrible que tengamos que lamentar la muerte de un jovencito que decidió enfrentar a #LordRusoNazi porque la policía de Cancún bajo las órdenes de Remberto Estrada abandonó el lugar de un conflicto en marcha sin cumplir con su responsabilidad de actuar en prevención de lo previsible. Porque si por un lado hay un sujeto extranjero que en videos grabados por él mismo se propone lastimar a los ciudadanos del país que habita, mostrando odio hacia los mexicanos a quienes abiertamente insulta, agrede y golpea con actitud más que prepotente y por el otro hay una población que con toda razón se ha sentido ofendida, ahí había una situación obviamente explosiva que la autoridad debió atender con urgencia y en lugar de hacerlo abandonó a la escena.

Carlos Eduardo enfrentó a Aleksei Viktorovich Makeev movido por una justa indignación compartida por todos los que atestiguamos en redes sociales el alarde de odio de este extranjero residente de Cancún, quien se ha dedicado a grabar sus expresiones de desprecio hacia mexicanos con un cinismo inaudito lleno de crueldad hacia niños –bebés incluso–, ancianos, mujeres y mexicanos en general, a quienes no vacila en agredir y ofender con lujo de violencia verbal y hasta física. Hay que destacar que el problema debió de haberse resuelto de muy diferente manera la tarde de ayer. Enfrentar a Alexei Makeev no le correspondía a Carlos Eduardo, sino a la policía de Cancún, quien debió INTERVENIR por un lado para proteger a la gente ya que el sujeto hacía alarde de agresividad y por el otro, para proteger también al personaje xenófobo que convocó la indignación de todo aquél que había visto sus videos.

Hay que decirlo con toda claridad: estamos ante una ineptitud gubernamental grave que ya resultó en la muerte de un quintanarroense, quien de ninguna manera debió pagar con su vida el abandono de la autoridad municipal.

¿Qué hacer? Ayer por la tarde se inició una petición en Change.org para que el Diputado Eduardo Martínez Arcila, en su calidad de representante popular y de Presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, quien ha mostrado sensibilidad para apoyar en temas como el que hoy nos ocupa, ayude a gestionar ante las instancias y autoridades competentes la deportación de Alexei Viktorovich Makeev. Al respecto cabe destacar que es muy alentador constatar que en sólo unas horas casi se lograron 5000 firmantes de la petición, lo que indica que los quintanarroenses todavía tenemos esperanza en la capacidad de nuestras instituciones para funcionar de manera colaborativa dentro del equilibrio de poderes, tal como corresponde a un Estado democrático en el que hay pesos y contrapesos. Que a pesar de la ineptitud gubernamental en Cancún, donde es preocupante que la población permanezca en estado de abandono en cuanto a su seguridad pública, se puede acudir a instancias institucionales alternativas en aras de buscar la eficacia posible.

Como sociedad civil quintanarroense, nos corresponde elevar nuestra más enérgica protesta contra la autoridad responsable de la seguridad de los cancunenses, pues en lugar de servir y proteger a tiempo tanto a nuestros connacionales como al extranjero causante de la indignación ciudadana que culminó la noche de ayer, es de pensarse que los policías recibieron la orden de abandonar el lugar del conflicto en marcha. La muerte de Carlos Eduardo Gutiérrez no debe quedar impune, nuestro sistema judicial está a prueba y deberá producir un resultado limpio, pronto y justo. Pero la responsabilidad de los lamentables hechos debe acreditarse, no a la gente abandonada por la policía, la que tenía la obligación de cuidarla frente a un sujeto a todas luces peligroso, sino a los funcionarios que no supieron, o no quisieron cumplir con su obligación de proteger a los habitantes. Hoy se requiere que exijamos a las autoridades competentes una investigación certera sobre quién dio la orden de retirar a la policía. Pero lo más importante es lograr que la autoridad municipal no vuelva jamás a trasladarle a los ciudadanos las funciones de policía, como de facto sucedió la tarde de ayer en que injustamente perdió la vida Carlos Eduardo, víctima de un xenófobo provocador que debería de haber sido expulsado a tiempo de nuestro país, pero cuya status ahora es el de presunto homicida y debe ser juzgado conforme a las leyes mexicanas.