Chetumal.- Un grupo de representantes de comunidades limítrofes que ganaron un amparo para ser dotadas de agua potable acudieron hoy al Congreso del Estado a dejar un escrito, dirigido al diputado Gustavo Miranda García, pidiendo la intervención de este Poder ante el litigio entablado con Campeche, y en el que el Gobierno del Estado aparentemente ha mostrado poco interés.

Delegados, autoridades ejidales y su abogado, Andrés Blanco Cruz, entregaron un escrito dirigido al diputado Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) para que les den solución.

Carlos Pérez Flores, presidente del comisariado ejidal de Guillermo Prieto, indicó que ellos cuentan con las carpetas básicas en donde se indica que son comunidades quintanarroenses. Pese a ello, Campeche ha objetado que se les brinde agua potable, al indicar que son de su entidad, lo que es falso.

Criticó a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado por no acudir a las audiencias de este juicio, pues muestra que no les interesa atender este tema, y le dan cabida a que Campeche presente sus argumentos, sin contestación.

“Ellos (Consejería Jurídica) se habían comprometido a atendernos en audiencia, pero no hay respuesta. Posiblemente hoy nos atienda, pero la gente ya está indignada y quiere manifestarse”, declaró.

Hasta la fecha, no conocen al consejero jurídico, Jesús Antonio Villalobos Carrillo, pues nunca lo han visto.

Leobardo López Fernández, habitante de Guillermo Prieto, dijo que vinieron a exigir sus derechos, pues son quintanarroenses “y le decimos al presidente de los diputados que queremos que nos atienda y que nos dé solución. Estamos cansados de pedir y que no nos den nada”.

“¡Necesitamos el agua para nuestras familias, a nuestros hijos!”, añadió. “No nos vamos en tanto no nos resuelvan, ¡que lo sepan!”.

A pregunta expresa de un reportero de si hasta ahora han recibido solo simulaciones, este ciudadano concordó que así ha sido, y que a las autoridades de gobierno solo las ven cuando hay campaña.

Tanto Guillermo Prieto como Caña Brava interpusieron un amparo para exigir que se les dote de agua potable, por ser un derecho humano, obteniendo un fallo favorable por parte del juez. El Congreso del Estado fue obligado a dar una partida de 100 millones de pesos, y después de muchas presiones y un recurso legal, la Secretaría de Finanzas y Planeación acordó liberar este dinero para la realización de las obras; sin embargo, todo está detenido por este recurso de queja interpuesto por Campeche.

La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado respondieron a este recurso con escritos para presentar sus evidencias, pero ambas instancias faltaron a la audiencia de desahogo de pruebas, por no presentar a tiempo las acreditaciones de sus representantes.