Chetumal.- La madrugada de hoy martes fue vinculado a proceso el exgobernador de Quintana Roo (2011-2016), Roberto B. A. por aprovechamiento ilícito del poder y la Fiscalía General del Estado solicita prisión preventiva, según dio a conocer el abogado Guillermo Barradas Cendón.
Fueron dos testigos de cargo de la pasada administración estatal la clave para que el juzgador emitiera su fallo, quienes aseguraron que fueron obligados por Roberto Borge cuando era gobernador a cometer los ilícitos que se le imputan.
Sin embargo, el abogado del exgobernador señaló que cuando el poder judicial es utilizado como “un brazo político, solo queda la ética de los juzgadores”, pero que en este caso ni siquiera se contó con imparcialidad en el poder judicial local, así que se va a recurrir a la justicia federal.
“En 20 minutos se contestó lo que debatimos durante horas en esta audiencia que ustedes fueron testigos de ellas donde había argumentos sólidos donde quedó de manifiesto que no había delito”, espetó Barradas Cendón.
Asegura que se ganará en el amparo, pues es el siguiente paso para poder obtener una resolución favorable, así que se confía en la justicia federal, pues en la local no hay imparcialidad; la muestra es que lo más sólido era el testimonio de dos personas, que dijeron que se les daban indicaciones, acusan a su cliente que los obligaban, lo que no es sustentable, pues eso quiere decir que ello no tenían voluntad en el cargo que ostentaban.
Al preguntarle sobre la reacción de Roberto Borge Angulo al enterarse de la vinculación a proceso, el abogado dijo que el ánimo del exgobernador es que se siente molesto con la resolución, genera un sentimiento de impotencia el no poderse defender; y acusó que todo lo que se intenta ante los tribunales locales, se lo pasan por alto, “los elementos de defensa son como palabras al aire, parece que se le habla a la pared y no a un órgano jurisdiccional.”
Aseguró que iban preparados para la imputación de ambos delitos, al desistirse de uno de ellos, había que ajustarse al que formularon acusación, el juzgado no permitió ni siquiera un receso, la evidente carencia de argumento para la acusación, la que calificó como exprés. La arman con una hipótesis falsa, la causación fáctica es falsa.
“Sin meras interpretaciones, saca el juez de la manga una definición de ‘obligar’ que no es del Diccionario de la Real Academia Española, no tiene sustento en ninguna tesis, en ninguna jurisprudencia, lo que en materia legal es un elemento normativo”, dar indicaciones no es obligar a alguien como lo dijo el juez, aclaró el abogado.
Los dos testigos de referencia deberían de haber dicho no cuando las indicaciones iban en contra de su ética, porque eran parte de los demás miembros de la junta de administración, pero dicen que no lo hicieron y se sintieron obligados a obedecer.
Recordó que la Fiscalía Anticorrupción del Estado llevan dos años de forzar esta imputación, se les ha venido cayendo a pedazos, han perdido una y otra vez en tribunales federales, quieren sustentarlo, sacaron dos declaraciones donde ni siquiera los testigos pudieron decir que los obligaron o los forzaron.
Por último informó que “hay que esperar la resolución de los tribunales federales, al interponer el amparo se amplía dos meses y quitando las chicanas de la Fiscalía por tratar de suspender nuestros amparos, unos seis u ocho meses podrían tener una resolución, se analiza la competencia para poder presentar el recurso de amparo”.
