La indignación ciudadana contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) se ha intensificado tras la difusión de recibos con cobros desproporcionados, que en varios casos superan los montos que pagan grandes hoteles en la misma zona. Usuarios califican las tarifas como arbitrarias e injustificadas, señalando que se castiga a las viviendas particulares mientras se toleran esquemas preferenciales para el sector turístico.
Pese a las quejas formales presentadas, los afectados denuncian que CAPA se niega a realizar inspecciones físicas o revisiones técnicas de los medidores, limitándose a validar los cobros sin sustento claro. Esta postura ha dejado a las familias en total vulnerabilidad, enfrentando cargos elevados que impactan directamente en su economía sin posibilidad real de aclaración.
La molestia crece ante una falla operativa grave: diversas colonias y hoteles acumulan al menos tres días sin suministro de agua potable, una situación inadmisible frente a recibos que llegan puntualmente y con montos elevados. La ausencia del servicio afecta la vida diaria de los hogares y pone en riesgo la operación de negocios en una zona altamente dependiente del turismo.
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Ciudadanos denuncian un trato discriminatorio en la actuación de CAPA: mientras los cortes del servicio por retrasos mínimos se aplican con celeridad punitiva, las quejas, reportes y solicitudes de restitución del agua son ignoradas o postergadas sin explicación. Esta conducta ha sido calificada como abusiva e irresponsable, por lo que la población exige respuestas inmediatas, auditorías al sistema de cobro y el cese de prácticas que vulneran un derecho humano fundamental como el acceso al agua potable.
