México.-Luego del anunció del gobierno de incluir la construcción como actividad esencial, junto a la minería y fabricación de equipo de transporte como industria automotriz, aeroespacial, ferroviaria y naviera, los proyectos de construcción señalados como ecocidios al atentar contra la biodiversidad en Quintana Roo, podrían tener luz verde.
Destaca que al considerarse la construcción una actividad esencial, pierden objeto las denuncias que se hicieron en Chemuyil y Puerto Morelos, de obras que según ciudadanos y activistas, son ecocidios.
Nuevas medidas
Las nuevas medidas dadas a conocer por el Consejo de Salubridad General (CSG)durante su tercera reunión encabezada de forma virtual por el secretario de Salud, José Alcocer Varela, se aprobaron cuatro acuerdos para el levantamiento progresivo de las medidas de contención frente al Covid-19.
El primero es incorporar a las industrias a la lista de actividades esenciales, para homologar actividades con Estados Unidos y Canadá. El segundo es liberar restricciones para actividades escolares y laborales en municipios con pocos contagios de coronavirus; el tercero es que empresas y establecimientos aplicarán medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y le cuarto, que la Secretaría de Salud definirá un semáforo semanal para cada entidad federativa, para regir las actividades económicas, educativas y sociales en distinta densidad según los casos de contagio de Covid-19 que tenga cada región.
El caso del ecocidio en Chemuyil
Ciudadanos y activistas habían logrado que el Tercer Tribunal Colegiado obligara a las autoridades de gobierno estatal y federal a frenar los trabajos de construcción en la zona costera de Chemuyil-Chemuyilito, ala tentar contra la zona contigua al santuario de la tortuga marina, en Xcacel.
Los ciudadanos y organizaciones como Salvemos Manglar Tajamar, Grupo Gema del Mayab, Red de Tulum Sostenible y MOCE Yax Cuxtal, entre otras, demandaban que estos trabajos se realizaban en periodo de emergencia ambiental, cuando por decreto se habían suspendido las obras de construcción por ser no esenciales, pues todas las instancias han sido omisas, al negarse a enviar inspectores.
La resolución era para que “cese la omisión atribuida y la autoridad ejecute las diligencias necesarias para determinar la existencia de los actos, hechos u omisiones constitutivos de denuncia”.
El Cid
A principios de abril de 2020, portomorelenses tuvieron que violar su cuarentena para frenar el relleno de manglar cometido en terrenos aledaños al hotel El Cid, mismos que se han llevado a cabo desde hace meses, sin que alguna autoridad actúe. Ahora, sin embargo, se aprovecharon del decreto de suspensión de obras, del gobierno estatal, para detener los trabajos.
Aunque existen denuncias abiertas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, e incluso una clausura impuesta hace cerca de dos años, ninguna autoridad atiende los llamados ciudadanos para que frenen el relleno de mangle, un delito federal, efectuado en la zona, que es propiedad de José Isidro Guillén Zapata, dueño de la empresa Ocean Leader.
Ahora, ya no estará a favor de la preservación de este ecosistema, pues el decreto de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) del Gobierno del Estado, por el que se suspendieron todas las obras no esenciales, por la actual emergencia sanitaria del COVID-19, quedó retirado.
Grand Island
Otro caso es el proyecto hotelero Grand Island Cancún , obra para al que se rellenó cerca de un hectárea de terrenos ganados al mar en la laguna Nichupté. Eso fue demandado por el director general de la Zona Marítimo Terrestre (Zofemat), Rodrigo Hernández Aguilar, quien demás advirtió a los desarrolladores del Riu Riviera que se abstengan de construir en terrenos dentro de zona federal, además de la petición de dejar un acceso.
En febrero de 2020,el titular de la Zofemat advirtió que los responsables de la obra del Grand Island Cancún, podría castigarse.“No se trata de una clausura; al contrario, es un delito por ocupar irregularmente un terreno federal, lo que conlleva una pena de dos a 10 años de prisión. En el Grand Island están queriendo construir un desarrollo en terrenos en zona federal; más de la mitad que quieren comercializar está en esa situación, por ahí va”.
