La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), en los próximos días, iniciará una investigación en contra de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PJGE) por no haber puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) cuatro armas de fuego que le decomisaron a un grupo de sicarios detenidos en 2012.
Desde hace dos semanas, aproximadamente, la dependencia federal solicitó a sus homólogos del Estado que les pusieran a su disposición cuatro pistolas, aseguradas a Luis N, de 37 años, alias “El Sonrics”, quien fungía como líder de una célula de “Los Pelones”.
Este sujeto fue detenido el lunes 2 de abril de 2012, en la Región 232, en un operativo del grupo Fuerzas de Reacción y Apoyo Inmediato (FRAI) de la Policía Judicial del Estado (PJE), después del hallazgo de tres ejecutados en la colonia Generación 2000.
Junto con él fueron aprehendidos Juan N, de 37 años, alias “El Flaco” y/o “Juanito”; Kevin N, de 18, alias “Kevin”; Jhonny N, de 33, alias “Jhonny”; y Marc N, de 24, alias “El Negro”, “Indio” y/o “Montana”.
A este grupo le incautaron cuatro armas de fuego calibre 9 milímetros, las cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC).
Las pistolas no las encontraron, el área responsable de ellas era la mesa VI de Delitos Contra la Vida, también llamada mesa de homicidios.
Al no ser localizadas, la dirección Jurídica de la PGJE inició una investigación para saber qué agentes del MPFC se encontraban asignados a dicha mesa en abril de 2012.
Cada uno de los elementos que estuvieron en Homicidios, después de esa fecha, serán citados a comparecer al jurídico para deslindar responsabilidad y saber dónde quedaron los artefactos antes mencionados.
El avance de la investigación señala que, al parecer, un agente ministerial las tomó y llevó a su domicilio, donde presuntamente sufrió un robo a casa habitación y se llevaron los revólveres.
Por protocolo, cualquier arma de fuego que es puesta a disposición del MPFC debe de ser entregada o consignada a la PGR para que inicien una averiguación previa, pues la PGJE no tiene facultad para almacenar armamento que se decomisa a delincuentes.
Así como este caso, podría haber varios; la PGR tendrá que iniciar una averiguación previa y fincar alguna responsabilidad penal, de no aparecer las pistolas que está requiriendo.
En el marco de la primera conferencia del Tratado sobre el Comercio de Armas, que se realizó del 24 al 27 de agosto en Cancún, Paulina Arriaga Carrasco, directora ejecutiva de la organización civil Desarma México, dijo que en Quintana Roo había 100 armas de fuego perdidas por parte de la policía, en nueve años.
