Cancún.- A pesar de tener la competencia legal exclusiva, las instituciones, el personal y los recursos para ello, el Gobierno Federal ha esquivado su responsabilidad de resolver el problema de la delincuencia organizada en Quintana Roo, responsable del 90% de los homicidios dolosos en la entidad. Tocó, por tanto, resolver esta situación, ajustando el marco legal y destinando recursos humanos y financieros para ello, el Gobierno del Estado.
Las competencias de cada orden de gobierno están marcadas desde la constitución misma, que desde 2008 es clara en indicar que los municipios atienden labores preventivos, el estado investiga y detiene delitos de fuero común, pero solo la Federación se avoca a delitos del fuero federal como los secuestros, narcotráfico y la delincuencia organizada.
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
De este marco legal, se desprende la creación de las instituciones que deben cumplir las funciones y, muy importante, los recursos asignadas a cada una. De tal forma, los ayuntamientos cuentan con policías preventivos, los estados con una fiscalía y una policía para atender el fuero común, y la Federación con la Fiscalía General de la República, con sus organismos especializados de inteligencia, y la Policía Federal.
También a causa de esta separación constitucional, tanto el Código Penal Federal como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tipifican las conductas delictivas y marcan que es la Fiscalía General de la República la que debe investigar y desmantelar estos cárteles.
HERRAMIENTA FEDERAL
La segunda ley es crucial, pues a través de ella se permite castigar a la asociación delictiva, es decir, al pertenecer y auxiliar a un grupo con la finalidad de delinquir, incluso en tareas como el brindar información (“halconeo”). Esta es una herramienta exclusiva del ámbito federal.
En contraste, los estados ni siquiera tienen permitidos el querer legislar sobre la delincuencia organizada, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revocó parte del Código Procesal de Nuevo León, de 2013, por incluir esta categoría exclusiva de la Federación.
De las leyes, y de las instituciones que derivan de ellas, surge la repartición de recursos, que mayoritariamente se quedan en el Gobierno Federal. De acuerdo a un análisis realizado por el Senado, el gasto programable neto para las funciones de seguridad, en el Presupuesto de Egresos de 2019, es de 261 mil millones de pesos; de los que solo 7 mil 2 millones de pesos son las aportaciones federales para los estados y municipios, apenas un 2.7% del total de los recursos.
RECURSOS DESTINADOS AL ORDEN Y JUSTICIA
Incluso si se eliminan rubros como el Poder Judicial y dependencias administrativas, se tiene que el país destina 68 mil millones de pesos en asuntos del orden público y justicia, cerca de 10 veces más que lo que se entrega en aportaciones.
Sin embargo, con todos estos recursos y pese al mandato legal por ser el único competente en esta materia, el Gobierno Federal ha incumplido su responsabilidad en el desmantelamiento de estos grupos delictivos. En su lugar, se ha enfocado en labores de vigilancia y proximidad social, al cuidado de caminos y a las inspecciones en aeropuertos.
En cuanto a la Fiscalía General de la República, procesa a los detenidos que les entregan las corporaciones estatales y municipales.
El gran número de efectivos que se tenía desplegado en la entidad, que incluso era insuficiente y que iba a ser reforzado a través de la instalación de la Policía Militar, fue sacado en alto porcentaje, para combatir el “huachicoleo” en el centro de la República, sin que se haya regresado a esos niveles desde entonces.
Frente a ese vacío, el Gobierno del Estado ha tenido que destinar un creciente número de recursos, con lo que se dejan de atender otros rubros, para duplicar el presupuesto destinado a este rubro, para contratar y capacitar a más policías, instalando un Mando Único para sanear las corporaciones municipales, y fortaleciendo a la Fiscalía, para así lograr importantes detenciones y reducir, después de cinco años de aumento, los índices delictivos en Quintana Roo. Esto, pese a no tener el marco legal y las herramientas del nivel federal.
Queda ver si a futuro cambia la situación y si se podrá contar con las fuerzas federales, no solo como comparsas para operativos conjuntos, sino activamente desmantelando estas asociaciones delictivas, para devolver la tranquilidad a los quintanarroenses.
