El financiamiento para la construcción del Tren Maya tuvo un cambio importante, pues ahora el gobierno Federal aportará más del 70 por ciento de su costo para evitar adquirir deuda en los mercados financieros.
El principal proyecto de la administración de Andrés Manuel López Obrador, dejó de lado la propuesta inicial de tener una participación de apenas 10 por ciento, informó Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Jiménez Pons reveló a través de El Financiero, que la mayor participación del erario en este proyecto que recorrerá los estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Tabasco, con un costo de hasta 145 mil 500 millones de pesos; busca pagar la menor cantidad de intereses derivado del financiamiento privado.
“Por ahora, el plan es que el gobierno participe entre un 60 y 70 por ciento y lo demás salga por sí solo. La apuesta es que el gobierno pueda aportar el 70 por ciento o más del tren, y que lo demás se pague con deuda comprometidas con los ingresos. Eso Hacienda lo decidirá”, detalló en entrevista Jiménez Pons.
De acuerdo con el titular de Fonatur, la decisión se cambió debido a que a López Obrador le preocupó dejar deudas a los siguientes sexenios, por lo que esta es una forma de evitarlas.
“Al presidente le preocupó mucho y me dijo: ‘podemos aumentar la participación del Estado para no dejar tanto dinero comprometido en deuda’, explicó.
En días pasados, AMLO informó que el Tren Maya sería financiado con los ‘ahorros’ producto del combate a la corrupción y la política de austeridad de su gobierno, sumando durante su primer año de gobierno 11 mil millones de pesos, apenas 7.5 por ciento de los recursos necesarios para concluir este proyecto ferroviario.
En contraparte, para el siguiente año, el Tren Maya tendrá una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2 mil 500 millones de pesos, una reducción del 51 por ciento en términos reales en comparación con lo etiquetado para este año.
Encuesta a comunidades indígenas.
Por otra parte, Jiménez Pons indicó que ya cuenta con los estudios de costo-beneficio, que muestran un buen panorama, sin embargo, la aprobación de la obra la deben dar los pueblos indígenas, ya que es un requerimiento legal y una obligación para el gobierno de López Obrador.
Cabe recordar que hace unos días se realizaron una serie de 15 asambleas informativas en los distintos puntos por donde pasará el tren, por lo que el siguiente paso es realizar una encuesta a las comunidades originarias el próximo 15 de diciembre.
“Te puedo anticipar que está bastante bien el panorama, mucho mejor de lo que pensaba y demostrando de que el tren, independientemente de su altísima rentabilidad social, hay una oportunidad económica muy alta”, aseguró a El Financiero.
Los pobladores deberán responder si va o no va el Tren Maya, respuesta que confía, será positiva, según informó el titular de Fonatur.
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“No hay ninguna duda, estoy convencido de que ya me medimos el agua a los tamales, como dijo el presidente. Lo que tenemos que hacer es patente ese apoyo, lo tenemos que ratificar, debe existir un ejercicio democrático, que el sureste se muestre solidario y unido en torno al proyecto”, concluyó Rogelio Jiménez Pons.
