Playa del Carmen.- El Ayuntamiento de Solidaridad ha fijado una postura clara en torno a la Ley General de Comunicación Social. Y es que de acuerdo con Lili Campos y su equipo, esta legislación vulnera la autonomía municipal, además consideran que afecta al propio gremio periodístico. Por ello ha promovido una controversia constitucional.
“Ya se presentó (la controversia constitucional). En este caso fue asignada por el síndico como representante legal del Ayuntamiento y las facultades que me confieren, también yo la firmé, porque es importante en este sentido que bueno, vaya lo más completa posible, sobre todo para que no vaya a haber alguna situación que nos pudieran señalar”, apuntó la alcaldesa en entrevista.
“Se hace mención de que están violentando en este caso la autonomía municipal, la autonomía financiera y sobre todo, trae consigo también otro tipo de violaciones como es la libertad de expresión. También lo que significa para ustedes (la prensa) la libertad de trabajo, pero sobre todo a la ciudadanía, el mantenerlos informados, entonces son muchas violaciones que se dan en esto y que bueno, a mí me parece importante defenderlo”, subrayó Lili Campos.
La presidenta municipal de Solidaridad dijo que siempre estará a favor de lo que beneficia a los solidarenses, pero se va a oponer a todo aquello que los perjudique. Y considera que esta ley federal no es buena.
“Si a alguien le consta cómo trabajan es a mí y por eso una servidora toma esa decisión porque invade la esfera municipal, la autonomía municipal, pero también les genera a ustedes un detrimento. A mí me queda claro que ustedes son personas de trabajo, que todos los días y aquí está el ejemplo, no importa la hora, no importa el sol, no importa lo que sea, ustedes están con la finalidad de informar a todos en Solidaridad”, puntualizó.
Cabe resaltar que esta ley también ha sido criticada por organismos como Artículo 19 y Fundar, que han dicho que “prescinde de principios como el de pluralidad mediática, equidad, no discriminación y rendición de cuentas como directrices para la asignación del gasto de publicidad oficial”.
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Podría impedir que se rinda cuentas de cómo se invierte estos recursos e incluso podría generar que cualquier funcionario pueda promocionar cualquier situación o servicio público, o su propia imagen sin rendir cuentas.
