CANCÚN, 15 de julio de 2024.- Las cifras sobre extorsión en el estado de Quintana Roo indican que durante el sexenio (presidencial) sólo se han presentado 888 denuncias, lo que evita que la entidad aparezca en los reportes de incidencia delictiva; por otro lado, han cerrado al menos mil 450 negocios por el cobro de derecho de piso.
El hecho más reciente de la inseguridad que se vive en el estado fue el anuncio, en redes sociales, del cierre del restaurante-bar Los de La Luna, en la esquina de la avenida del mismo nombre y la Nichupté, que cerró porque se negó a pagar al crimen organizado.
Como ese, casi diario se denuncian vía redes casos similares en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal, actividad criminal que está afectando todos los niveles sociales, empresariales y productivos ante la pasividad e incompetencia del gobierno local.
La tecnología abona, aunque todo queda en denuncia: hechos de violencia y sangre atribuidos a la negativa por pagar derecho de piso proliferan en chats, lo que enfila a Quintana Roo a la acapulquización (la incontrolable de violencia que se vive en Acapulco, Guerrero).
La extorsión es uno de los delitos de mayor impunidad en el país, y en Quintana Roo no es excepción, y la más común es la telefónica, aunque también ocurre en las redes. La forma más violenta es cara a cara, cuando se amenaza y violenta a las víctimas.

El delito atenta contra el patrimonio y contribuye enormemente a la percepción sobre impunidad y corrupción; es, al mismo tiempo, de los que menos se denuncian y, cuando se hace, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), uno de los más impunes.
Dentro de la numeralia nacional, increíblemente el estado de Quintana Roo no figura por la sencilla razón de que no hay denuncias en la mayoría de casos. Por temor, los extorsionados, los que sucumbieron al derecho de piso, se quedan callados, no hablan.
Cualquier cifra que las autoridades saquen a la luz sobre la incidencia de extorsiones es imprecisa: se platica, pero no se denuncia; nunca se judicializan las denuncias por eso no se sabe qué tan recurrentes son los casos o las cifras, porque no se denuncia… hay miedo.
Datos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chetumal indican que en 2023, y lo que va de 2024, al menos mil 450 negocios cerraron. El sector más afectado es el restaurantero, seguido por abarrotes y las refaccionarias, pero en Quintana Roo todos pagan.
El derecho de piso es un cáncer que está acabando principalmente con el comercio de Cancún y Playa del Carmen; ahora, hasta ambulantes y vendedores de frituras tienen que pagar por trabajar… primero fue al gobierno, ahora al crimen organizado.