El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, suma otro delito a la lista de imputaciones en su contra, ahora por delincuencia organizada, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGR ya cuenta con una orden de presentación expedida por un juez de control para imputar el delito a Borge, sin embargo, requiere de la autorización del gobierno de Panamá, donde fue detenido, para ampliar los términos en el convenio de extradición.
Esto debido a que el gobierno mexicano solicitó la extradición a Panamá de Roberto Borge bajo cuatro cargos, uno de fuero federal y tres del fuero común que son:
- Probable Aprovechamiento ilícito del poder correspondiente a la causa penal 151/2019 en el tema de la transportadora aérea VIPSaesa.
- Desempeño irregular de la función pública, bajo la carpeta de investigación 154/ 2019 y versa sobre la exención de pago de derechos por la renta de carritos de golf, lo que provocó un quebranto al erario.
- Peculado por la enajenación de 18 inmuebles a un precio inferior a su valor comercial, en contravención con lo que estipula la ley, de acuerdo con la causa penal 159/ 2018.
Pero al añadírsele uno recientemente, el Ministerio Panameño debe emitir un documento donde autorice que a Borge Angulo pueda imputársele la nueva causa penal.
Ante tal escenario, la Embajada de México informó al Ministerio de Relaciones Públicas de Panamá, que la FGR abrió un expediente nuevo en contra de Roberto Borge por el delito de delincuencia organizada, fechado el 20 de enero de 2020.
El oficio señala que Borge cuenta con “una orden de comparecencia” dictada dentro de la causa penal 541/2019 por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, para que le sea formulada la imputación por delincuencia organizada, “con la finalidad de cometer delitos relacionados con operaciones de recursos de procedencia ilícita”.
De acuerdo con la Embajada mexicana la orden de presentación es “una de las distintas formas de conducir a una persona a audiencia inicial”, para que comparezca de forma voluntaria. Si hay resistencia o en casos excepcionales, se emite la orden de aprehensión.
El agente del ministerio público solicitó la orden de presentación, debido a que Borge ya se encuentra sujeto a prisión preventiva justificada dentro de la causa penal 381/2017, es decir, está preso en el Centro federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos.
El escrito cierra explicando que se busca consultar a Panamá, si la orden de presentación es “bastante” para que el gobierno mexicano motive una solicitud de consentimiento a la regla de especialidad”, respecto a la nueva causa penal, 541/ 2019, por delincuencia organizada.
Por su parte la defensa de Borge, advierte que, de entrada su cliente no ha sido notificado sobre la nueva imputación, no fue citado a comparecer, ni a presentarse sobre el caso. Además el escrito de la Embajada, primero señala que un juez dictó una “orden de comparecencia”, pero luego habla de una “orden de presentación”, cuyos fines y alcances son distintos.
El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, invocado por la autoridad, no incluye las órdenes de presentación, sólo prevé los citatorios, las órdenes de comparecencia y de aprehensión. El citatorio se ordena por un juez para una audiencia inicial de formulación de la imputación de un delito, lo cual hasta ahora no ha ocurrido.
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Mientras que la orden de comparecencia se solicita luego de que la persona reclamada (en esta caso Borge) ha sido citada y se ha negado a presentarse, pero de acuerdo con sus abogados, esto no ha sucedido porque ni siquiera le han avisado, y está a disposición de la autoridad, sin posibilidad de negarse a encarar a un juez.
Lo más grave, según la defensa de Borge Angulo, es que pareciera que se está imputando al ex mandatario estatal un nuevo delito y prácticamente iniciando el proceso judicial, sin el consentimiento de Panamá, y en probable violación a la regla de especialidad.
Con información de Pulso, Diario de San Luis.
