En el marco de la Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez se propuso la creación de un Instituto de Movilidad Municipal, que ayude a regular todo lo referente a este tema.
“La movilidad y la seguridad vial son temas de relevancia de la agenda nacional y estatal pero también en el ámbito municipal. Sin embargo no cuenta con un marco institucional y jurídico, por lo que resulta urgente implementar un esquema que permita una debida coordinación intergubernamental e interinstitucional entre los distintos órdenes de gobierno para el diseño de las políticas, planes, programas y acciones de índole municipal en materia de movilidad y seguridad vial”, dice parte de la propuesta del regidor Pablo Gutiérrez Fernández.
Se señala que es obligación del municipio garantizar el derecho a un tránsito libre y seguro en las calles.
“Por ello resulta necesario crear un Instituto de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito que proteja y garantice el ejercicio pleno de este derecho”, prosigue la propuesta.
Se señala que una vez creado, a este Instituto de Movilidad se le dotaría de personalidad jurídica y autonomía presupuestaria.
“De tal manera que se podrá realizar la función de seguridad vial, reestructuración vial, seguridad de los vehículos así como regular el comportamiento de las personas usuarias en las vías de tránsito municipales”.
La propuesta de la creación del Instituto de Movilidad fue votada y ha sido turnada a las Comisiones unidas de Seguridad Pública, Policía Preventiva, de Gobierno, Régimen Interior, de Espectáculos y Diversiones, y de Desarrollo Urbano para su discusión.
Te puede interesar: Concluye consulta pública del nuevo PDU de Benito Juárez
En otros temas, el Cabildo de Benito Juárez avaló, por mayoría de votos, la donación de tres mil luminarias, a favor del gobierno homólogo de Felipe Carrillo Puerto, que fueron desincorporadas del patrimonio municipal.
A su vez los regidores aceptaron por unanimidad reformas al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Descentralizada de Benito Juárez, para que en el caso de la vacante de un organismo descentralizado, se nombre un Encargado de Despacho en un término que no podrá exceder 30 días, mientras se designa a quien de forma definitiva ocupe la titularidad del mismo puesto público.
