CANCÚN, MX.- El presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Eduardo Martínez, dió a conocer que hay suficientes elementos para proceder incluso penalmente contra el ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge y varios de sus ex colaboradores, entre los cuales se encuentra Juan Pablo Guillermo Molina, ex Secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan)
De acuerdo con las estimaciones que hizo el diputado local, tan sólo de lo que salió a la luz pública de las comparecencias de los ex colaboradores de Roberto Borge Angulo en el gabinete pasado, hay desvíos estimados entre 5 mil y 6 mil millones de pesos.
“Sólo en Capa estaríamos hablado de unos 2 mil millones de pesos”, resaltó, al destacar que se desconoce el destino de mil 050 millones que Aguakán pagó por la concesión del sistema de agua potable en Playa del Carmen y prorrogar el de Cancún e Isla Mujeres para que además quitaran otros 500 millones de pesos a la paraestatal.
Sin embargo, aunado a esto, refirió que tiene conocimiento de que existen investigaciones abiertas contra Borge y varios de sus ex colaboradores por el presunto delito de desvío de recursos federales que están llevado a acabo la PGR y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Martínez señaló que a la fecha se ha logrado avanzar un 50 por ciento del ‘paquete de impunidad’ y que se pueden revisar las cuentas públicas de 2015, que fueron aprobadas como parte del ‘blindaje’ a Borge, toda vez que los dictámenes resultaron incompletos, pues sólo se lograron auditar entre el 45 y 55 por ciento de los recursos ejercidos.
Así mismo advirtió que esta revisión completa no solo sería por falta de personal o tiempo, sino incluso en los dictámenes de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) por haber omitido los rubros y gastos en los que hubo varias irregularidades.
En este sentido, el ex dirigente estatal del PAN indicó que también está en revisión el proceso de la selección del titular del Aseqroo, Javier Zetina González.
Anoche fueron aprobadas modificaciones al Poder Juidicial dentro de las contrarreformas al Paquete de Impunidad en las que que se cancela una nueva reelección de Fidel Gabriel Villanueva Rivero, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y se incrementa el número de magistrados.
Sin embargo subrayó que al Congreso del estado no le toca enjuiciar, toda vez que es una tarea meramente correspondiente a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial, aunque sí aportará elementos para que se lleven a cabo los procesos administrativos o penales correspondientes.
