La batalla legal que enfrenta la cantante argentina Cazzu contra Christian Nodal por la custodia y los permisos de viaje de su hija, Inti, trasciende hoy las páginas de espectáculos para impactar directamente en el Congreso de Michoacán.
La diputada Sandra Arreola Ruiz, integrante del Partido Verde Ecologista de México, presentó formalmente una iniciativa de reforma constitucional inspirada en las dificultades migratorias de la artista.
Esta propuesta, bautizada popularmente como Ley Cazzu, busca eliminar las barreras burocráticas que utilizan los padres ausentes o deudores alimentarios para ejercer control sobre la movilidad de sus hijos.
La legisladora propone modificar el artículo cuarto de la Constitución Mexicana para garantizar que el interés superior de la niñez prevalezca sobre el derecho de veto de un progenitor negligente.
Actualmente, la legislación en México exige la firma de ambos padres para tramitar pasaportes o autorizar salidas del país, incluso cuando uno de ellos incumple con la pensión o la convivencia.
Esta situación obliga a miles de madres custodias a iniciar juicios que duran años, afectando directamente el bienestar y las oportunidades de desarrollo de los menores de edad.
El caso de Julieta Cazzuchelli, conocida mundialmente como Cazzu, visibilizó una problemática sistémica que afecta a millones de familias mexicanas.
Según datos de la exposición de motivos, tres de cada cuatro hijos de padres separados en el país no reciben la pensión alimenticia correspondiente.
La iniciativa pretende que la persona que ostente la guardia y custodia principal obtenga permisos de movilidad de amplia temporalidad de forma ágil. Con esto, la ley busca castigar el abandono parental y evitar que los trámites legales se conviertan en herramientas de violencia vicaria.
La propuesta ha generado un eco inmediato en organizaciones civiles y colectivos feministas que exigen mecanismos jurídicos con perspectiva de género.
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Estas agrupaciones señalan que el control sobre los documentos de identidad de los niños representa una forma de castigo emocional hacia las madres solteras.
La Ley Cazzu intenta reducir la carga probatoria para las demandantes, permitiendo que la justicia actúe con rapidez cuando se demuestra la falta de crianza o el impago de alimentos por parte del otro progenitor.
El fenómeno social cruzó fronteras rápidamente, llegando hasta Argentina, donde una petición ciudadana en Change.org ya suma más de 33 mil firmas bajo una consigna similar.
Ante este movimiento, la propia Cazzu reaccionó con sorpresa y gratitud, señalando que su postura frente a los conflictos personales siempre ha sido política y social, más que emocional. La artista reconoce la importancia de que su experiencia personal sirva para generar cambios legislativos tan delicados como necesarios para la protección de la infancia.
Con información de: El Heraldo de México
