Si bien existen progenitores responsables que dan manutención a sus hijos tras separarse de sus parejas, este Día del padre los deudores alimentarios opacan una celebración que en general no parece tan alegre y llevadera.

Y es que, existe en las familias mexicanas una constante violación a los derechos de la niñez y una creciente violencia contra las mujeres estadísticamente alta, ya que, de cada 10 divorcios, 7 padres no cumplen con la pensión alimenticia. Además, según el Informe de la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el 2021, el número de expedientes ingresados en materia familiar, en el tema de alimentos, fue de 6,102; lo que, en comparación con los resultados del 2020, en donde había 4,575, representó un aumento del 33%. Por ende, este incremento obliga a revisar el marco jurídico que a la fecha existe, a efecto de mejorar el acceso al derecho que tienen las personas acreedoras alimentarias.

Lo anterior fue destacado por la diputada Ana Francis Mor, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la CDMX, quien es parte de “Aquelarre de Donceles”, organización conformada también por las diputadas: Alejandra Méndez, Marce Fuente, Nancy Núñez, Valeria Cruz, Valentina Batres y Xóchitl Bravo, quienes presentaron ante el Congreso de la Ciudad de México la Iniciativa de Deudores Alimentarios.

La diputada, dijo a Quinta Fuerza que esta iniciativa es parte de un paquete que tiene que ver con la violencia vicaria hacia la mujer, las pensiones alimenticias y la no prescripción de delitos sexuales. “Estos temas buscan garantizar justicia a las mujeres, que tiene que ver con la Ley de accesos a las mujeres de una vida libre de violencia y con el Código Penal. La primer tiene 20 años y se ha reformado constantemente conforme se va renovando. Lo interesante de ella es que reconoce que las mujeres no vivimos una vida libre de violencia y tenemos poco acceso a la justicia para lograrlo”.

“Por ejemplo, el concepto de violencia vicaria no está puesto en la ley y deben hacerse los cambios necesarios para que la pensión alimenticia de inmediato, para que no dar la pensión alimenticia sea motivo de perder la patria potestad y para ponerle más candados a los deudores alimenticios”, señaló.

Ejemplificó que cuando alguien deja de pagar un servicio de inmediato hay consecuencias, mientras que un deudor alimenticio no las tiene y eso es algo que debe de frenarse. “¿Por qué no hay repercusión para los padres que no pagan pensión, si esto reducen la calidad de vida de sus criaturas? Esto no tiene una reacción inmediata, entonces debemos tener un registro público de deudores alimentarios y comprometer al estado y a las empresas a que colaboren en medida de lo que les toca, para que se la pensión pague, pues dos de cada tres papás no pagan y eso es un problema sistémico”.

Expuso que la violencia económica es una manifestación de la violencia de género y una de sus dimensiones es la falta de pago reiterada e injustificada de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separación o divorcio en favor de la mujer y/o de sus hijos. Así, este tipo de violencia tiene cifras alarmantes: 13.4 millones de mexicanas la han padecido en algún momento de su vida, es decir, 29% del total de mujeres de 15 años o más, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.

Ley Sabina

Ana Francis Mor explicó que esta iniciativa nació por un acercamiento que tuvo con las diputadas Diana Luz Vázquez, activista que impulsa la propuesta de la Ley Sabina. “Es el nombre que ella le pone a esta serie de reformas y a partir de ese acercamiento con la Patrulla Feminista, empezamos a trabajar esta idea. La iniciativa está respaldada por todas las mujeres del Grupo Parlamentario de Morena, que estamos armando frentes comunes para hacer cambios significativos y colaborar con la reducción de la violencia familiar”, señaló.

La propuesta de la Iniciativa de Deudores Alimentarios puesta a consideración del Congreso de la CDMX por parte de las diputadas de Aquelarre de Donceles, aclara que las pensiones comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de las personas menores de edad señala, además, los gastos para la educación básica del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales; así como para garantizar su recreación, calidad de vida y dignidad, retomando lo aplicable del Código Civil Federal.

Asimismo, en esta Iniciativa de Deudores Alimentarios se establece que no podrán ser personas servidoras públicas, de la CDMX, quienes se encuentren en los Registros de Deudores Alimentarios y de Agresores Sexuales a menos que se acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda o se tramite el descuento correspondiente.

Por otro lado, se propone también identificar como delito el abandono de una mujer embarazada. Hay que resaltar que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo disminuye conforme aumenta su número de hijos: la mitad de las mujeres de 15 años y más que tienen de uno a dos hijos (49.6%) participa en el mercado de trabajo, mientras que al tener de 3 a 5 hijos el porcentaje disminuye a 41.4%, y apenas el 22.7% de quienes tienen 6 o más hijos, es económicamente activa. En el caso de 2.2 millones de madres solteras ocupadas de 15 años y más, casi la mitad de ellas (44.1%) no recibe prestaciones por su trabajo; incluso en el caso de las subordinadas, es decir, de las que trabajan para una unidad económica en la que dependen de un patrón, el 29.8% no cuenta con prestaciones laborales.

Esta propuesta legislativa busca también que los hombres se hagan responsables en el ámbito del ejercicio de su sexualidad y reproducción, no solo por un aspecto ético, sino también para que se reconozca como una cuestión de corresponsabilidad social, ya que sus actitudes y comportamientos, especialmente en la esfera sexual, tienen con frecuencia un impacto negativo en la salud y el bienestar general de las mujeres, al no tomar en cuenta sus necesidades, y poniéndolas en riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, y embarazos no deseados, delegando en ellas los costos físicos y emocionales del cuidado y atención de los hijos que resultan de la relación.

Por otra parte, en el texto de la Iniciativa se plantea reducir de 90 a 30 días el tiempo en el cual la persona deudora debe cumplir su responsabilidad, al considerar que el no cumplimiento de la entrega de los alimentos a tiempo implica que la persona menor de edad no está recibiendo los elementos que necesita para un sano y armónico desarrollo.

Finalmente, se propone la eliminación del Artículo 291 quintus (del Código Civil capitalino) de la parte que señala que sólo dentro del año siguiente al de la cesación del concubinato se podrá solicitar el derecho a una pensión alimenticia, esto debido a que, si el derecho a recibir la pensión existe, este debe ser garantizado. 

Debe acabar el círculo de violencia

De acuerdo con Ana Francis Mor, uno de los factores que ayuda a la reducción de la violencia familiar y que es parte de la iniciativa, es que las mujeres puedan acceder pronto a una pensión alimenticia y a obtener la guardia y custodia de los hijos. “Muchas veces las mujeres no se salen del círculo de violencia porque no tienen con qué llevarse a sus hijos a otro lado, no tienen con qué mantenerlos o les da miedo que les quiten a sus criaturas bajo cualquier pretexto”.

Señaló que los factores anteriores ayudarían también a la estrategia de prevención de feminicidios. “En los números que lleva la Ciudad de México en términos de seguridad, todos los delitos han bajado de forma considerable. El feminicidio ha bajado 27%”.

Señaló que toda la sociedad y los tres gobiernos deben de apoyar y entender la situación. “Un deudor alimenticio no es chistoso, no está padre solaparlos, ni generar esa cultura de ‘no le paso pensión’. Tampoco encubrir a los parientes, empleados, amigos que hacen eso. Debe de haber consecuencias más prontas y más eficaces”.

En países europeos como Suecia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Noruega del este y Finlandia, el Estado adelanta las cuotas alimentarias. En España se les retiene su salario, las devoluciones de impuestos, hay embargo de cuentas bancarias y bienes, detracción de prestaciones de la seguridad social y hasta prisión. Estados Unidos sanciona a los padres con no renovar su licencia de conducir, cierre de cuentas bancarias, impedimento de acceder a su jubilación y, en caso de reembolso de impuestos, los intercepta para cubrir la deuda. En Latinoamérica, Uruguay, El Salvador, Colombia y Ecuador les prohíben la salida del país.

Mientras tanto, en la Ciudad de México, la Ley Sabina se acaba de presentar en Trubuna, luego deberá dictaminarse por la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Justicia. De pasar este procesos se votaría en comisiones en agosto y se subiría al Pleno en septiembre.