El juez Edgar Agustín Rodríguez Beiza desestimó una denuncia por violación, interpuesta por Michelle, residente de ortopedia en un programa acreditado por la UNAM.

Esto, porque —según concluyó el juzgador— el presunto agresor fungía como su profesor adjunto pero no era su jefe directo, porque había intercambiado mensajes “joviales” con él, porque no recurrió al código de emergencia que había acordado con una de sus amigas y porque denunció meses después.

Al juzgador, esos elementos le parecieron suficientes para concluir que no había indicios de un ambiente de coacción sistemática hacia la víctima. Además, la acusó de contradecirse basado únicamente en la palabra de una empleada que no la vio llorar, pero que no presenció de manera directa el hecho.

Esto, a pesar de que el presunto agresor, Carlos Alberto Vidal Ruiz, aprovechó su función como profesor adjunto y subjefe del programa académico para acosar durante meses a la víctima mediante la insistencia de verla fuera del hospital, haciendo referencias a su relación jerárquica, para después lograrlo y violarla, de acuerdo con la denuncia que ella presentó ante la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), y a partir de la cual la institución pidió ante el juez que el acusado fuera vinculado a proceso.

Los abogados de la estudiante apelaron la decisión este martes, señalando los agravios de la valoración inadecuada de pruebas y la nulidad injustificada de algunas de ellas, además de que no se juzgó con perspectiva de género y no hubo imparcialidad en la actuación del juez.

Michelle cursa el cuarto y último año de su especialidad en Traumatología y Ortopedia mediante una residencia en un hospital privado, parte de un programa académico que gestiona y acredita la UNAM. Desde el principio, relata, se enfrentó a un ambiente pesado y hostil, sujeto a un orden de jerarquías muy marcado.

Desde su tercer año como residente, vivió situaciones de hostigamiento laboral y acoso psicológico (frecuentes en las residencias médicas, relata) por parte de su jefe directo, pero fue quien se ostentaba como profesor adjunto del programa, Carlos Alberto Vidal Ruiz, quien en agosto de 2021 comenzó a acosarla con la insistencia de convivir fuera del hospital.

“(Actuó) aprovechando toda esta posición de jerarquía, de ser mi jefe, y abusando de la confianza que tenía con él, porque él sabía de los problemas que yo estaba teniendo en la residencia por el hostigamiento laboral de mi otro jefe” asegura Michelle.

Durante varios meses, ella no dijo nada porque el ortopedista pediátrico aprovechaba sus conversaciones para hacer referencias al hecho de que él, como su jefe, se aseguraría de que todo transcurriera bien en la residencia.

Después de cerca de cuatro meses, en noviembre de 2021, el hostigamiento laboral era insostenible, ella estaba de incapacidad tras un accidente en el pie y su permanencia en el hospital (según le comentaron sus compañeros) estaba en riesgo, mientras Vidal Ruiz, hasta ese momento, la había “invitado” por lo menos 14 veces a verse fuera del hospital. Fue entonces cuando ocurrió la violación.

“Lo último que necesitas, y más en un ambiente tan hostil como el del hospital, es tener a tu jefe encima. Yo daba largas, lo evadía, le ponía pretextos, le inventaba cosas. Finalmente, el día que sucedió, yo estaba en ese periodo de incapacidad porque me tuvieron que operar el pie por un accidente; me llama otro residente y me dice: ‘Mich, ya regresa al hospital, no importa cómo estés, porque (el otro jefe) no para de decir que ya te va a correr’“.

En un principio, la idea de denunciar no era una opción tan clara para Michelle. Entre sus colegas, Vidal Ruiz gozaba de buena reputación, tenía el respaldo de su grupo y de un ambiente típicamente machista, ella era solo una estudiante y su desarrollo profesional estaría en juego: “Yo sabía que me estaba enfrentando a gente muy poderosa, y que iba a decir cosas que estaban fuera de lo común y del patrón en mi especialidad“.

Michelle está segura de que, desde el momento en que habló, el futuro de su carrera y la posibilidad de poder ejercer su especialidad quedaron en riesgo, y de que aun ahora siguen estándolo. Además, no contaba con el respaldo de sus compañeros, que también callaron desde que les contó el hecho, cuando recién había sucedido. 

Desde entonces, no solo se ha tenido que enfrentar a un ambiente académico adverso, donde muchas personas (por miedo o convicción) le creyeron a él, sino también a una audiencia donde la defensa se dedicó a descalificar su reacciones como víctima, a un juez que no le creyó y a una dinámica diaria en la que la necesidad de terminar sus estudios implica que cualquier día y en cualquier momento puede toparse con su presunto agresor. 

“De la denuncia para acá, todo se ha complicado”

Aun con el miedo que le producía la posibilidad de arriesgar su futuro profesional, y ante el convencimiento de que callar contribuía a que las mismas conductas se siguieran perpetuando, en febrero de este año Michelle decidió denunciar, primero ante el hospital y después ante la FGJCDMX.

El hospital inició un proceso interno y, hasta ahora, Vidal Ruiz está suspendido de sus labores académicas en el posgrado de Traumatología y Ortopedia, así como en la posibilidad de utilizar los quirófanos, pero sigue dando consulta ahí todos los días. Según el hospital, el uso de su consultorio se deriva de un contrato de arrendamiento entre particulares frente al que nada se puede hacer.

“Me han dicho ‘es que no podemos hacer nada, porque esa es la renta del consultorio’. Entonces, al final del día, él sigue ahí, yo sigo ahí, y se los he dicho: ‘mientras él esté aquí, el hospital no es un lugar seguro para mí’“, cuenta Michelle.

Lo único que pasó al iniciar ese proceso, lamenta, es que sus socios y él comenzaron a cambiar la narrativa y a revictimizarla difundiendo mentiras, sin dejar de lado la glorificación de su imagen como un ortopedista respetable, casado y con tres hijas, que sería incapaz. Incluso su postura como feminista ha sido usada en su contra.

Además, explica Michelle, los residentes quedan en un limbo donde las instituciones no se hacen totalmente responsables. La admisión, la acreditación y el egreso de los posgrados de especialidades médicas, como el que estudia ella, son controlados por la UNAM, pero los estudios se desarrollan de manera práctica al interior de un hospital que eligen los estudiantes de entre aquellos con los que la universidad tiene convenio.

Por lo tanto, la residente cree que la Defensoría de los derechos universitarios, igualdad y atención de la violencia de género de la UNAM tendría que atender su queja contra quien fungía como profesor adjunto. Sin embargo, al recurrir a ellos, una abogada la escuchó durante unos minutos, y después desestimó la posibilidad de abrir un expediente con el argumento de que el ámbito de su relación académico-laboral era el hospital. Consultada respecto al tema, la UNAM respondió que se encuentra en asueto académico hasta el 25 de julio.

Del proceso en la fiscalía capitalina, Michelle recuerda que el primer día que fue a denunciar, pasó más de ocho horas en la fiscalía especializada en delitos sexuales: “Si tuviera que describirlo, diría que es un hoyito del infierno en la tierra, desde el lugar, los cuartos en los que estás conviviendo con las demás víctimas, ver cómo llegan las demás mujeres; es una cosa muy dura, creo que no hay nada que te pueda preparar para lo que implica estar metida en delitos sexuales ahí en el búnker”.

Otra cosa que descubrió en ese proceso es que para llevarlo con éxito, hay que tener dinero, porque de otra forma, se vuelve inaccesible, sobre todo para quienes, como ella, se enfrentan a presuntos agresores con medios económicos, un nombre, un título, reconocimiento y una cantidad importante de ingresos.

“Para poder enfrentarte a un monstruo así, me refiero a lo económicamente pesado, necesitas algo igual. Me ha quedado mucho la espinita de la inequidad, lo inaccesible que es que puedas llevar un proceso de denuncia que llegue a buenos términos, porque al final del día puedes ir y denunciar, eso no te cuesta, pero de eso a que pase algo… miles de mujeres deben quedarse atoradas en el limbo del proceso”, lamenta Michelle.

Una de las partes más difíciles de alzar la voz y de seguir adelante con el proceso de denunciar, reconoce, ha sido la conciencia de que es una residente, que aún está estudiando dentro de una especialidad donde hay pocas mujeres y prevalece un ambiente machista: “Es decirlo en donde esas cosas no se hablan, en el que esas cosas no pasan, en el que siempre han sido normales, y en donde, desde que empecé la especialidad, empiezas a escuchar comentarios como ‘es que así es el quirófano’, ‘si no quieren, si no van a aguantar el ambiente de quirófano, para qué estudian algo quirúrgico’, ‘por eso les va mejor a los hombres; es que no parece ortopedista’…”.

Durante la audiencia inicial, en la que la fiscalía le dio la razón a Michelle y solicitó vincular a proceso a Vidal Ruiz, llevada a cabo el viernes 8 de julio, uno de los argumentos del juez para rechazar esa solicitud fue que la relación del médico con el hospital no era laboral, sino la de un arrendatario de un consultorio, por lo que entre él y ella existía una relación privada donde no había supra subordinación. 

“Se dice que era el profesor adjunto, pero en el debate también la defensa dejó sentado que al ser el profesor adjunto, era un diverso catedrático el que ejercía entonces la influencia sobre la víctima, incluso que esta última, según la información referenciada, temía por el despido que devendría de tercera persona, no del profesor que se ostentaba, en este caso, como adjunto en una cátedra”, aseguró el juzgador.

Defensa y juez apelan al comportamiento de la víctima

Las violencias que pudo haber vivido en su pasado; su posición ideológica y conocimientos médicos rastreados en su perfil de Instagram por los que, según la defensa, tendría que haber sabido la importancia de denunciar de inmediato; su desempeño académico, así como el hecho de que nadie la escuchara llorar o pedir auxilio, fueron los argumentos de la defensa de Vidal Ruiz en la audiencia inicial celebrada el 8 de julio.

Aunque el Poder Judicial capitalino negó el acceso público a la audiencia con el argumento del incremento de contagios de COVID-19, el medio ‘Animal Político‘ tuvo acceso a la videograbación. En ella, durante su exposición la defensa no solo descalifica a la víctima por su pasado y sus acciones, sino que se dedica a presentar a Vidal Ruiz como un médico de alta especialidad que proviene de “una familia nuclear tradicional con fuertes valores inculcados por sus padres”, que su esposa tiene una licenciatura como médico cirujano, una especialidad y “aun así cuida de sus hijas; el doctor Vidal no tiene una perspectiva de género contra las mujeres”, y que hizo su servicio social en Chiapas “donde refiere que una de sus principales actividades era cuidar y dar atención o educación sexual en la comunidad y hasta llegó a aprender frases en tzotzil para comunicarse…””

A juicio de Michelle, en la práctica médica, y particularmente en su especialidad, “hay mucho encubrimiento, mucho silencio cómplice“.

“Creo que la parte del silencio cómplice es el fundamento del machismo en la especialidad, y creo que una parte importante también es que hemos creído que la gente que es capaz de hacer esto tiene que verse como un monstruo, y no, es la que está al lado de ti, la que no esperarías que lo hiciera. Él es ortopedista, pediatra, entonces casado, con tres hijas, se vuelve un ‘pero cómo, si él es el hombre perfecto'”, dice.

Después de escuchar los argumentos de la defensa, y de apresurar a la asesoría jurídica y a la fiscalía, el juez definió que, dado que la relación de Vidal Ruiz con el hospital no es laboral, se trataba de una situación privada sin relación de supra subordinación. Luego ahondó en los mensajes de WhatsApp, de los que dijo se desprendían charlas triviales, joviales y posteriores al evento.

Después, fue más allá, al reclamar que los asesores jurídicos de la estudiante no controvirtieran el argumento de que, después del suceso, terceros médicos allegados al círculo de Vidal Ruiz la apoyaron para realizar un trabajo académico con una entidad extranjera. Sin embargo, el asesor de tesis de Michelle siempre estuvo entre esos médicos, y es una obligación académica auxiliarla en la elaboración de su trabajo.

Sobre los mensajes, el juez aseguró que al contar con respuestas por parte de la residente, no advertía ningún tipo de coacción ni le parecía que ningún punto llevara a desprender “la información que la fiscalía pretende extraer de la entrevista con la víctima, maliciosamente, por cierto, porque nunca señaló los restantes mensajes que dan contexto de una charla completamente fuera de lo coactivo”.

Rodríguez Beiza primero admitió que no había respuestas o reacciones exigibles a una víctima, como lo señalan estándares internacionales, pero después matizó para justificar que “el tema no solo es que no lloró, sino que Georgina (una persona que testificó pero no presenció la agresión) no la vio llorar”. Según el juez, esto es “claramente” una contradicción atribuible a la víctima. 

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“Retomo la idea del señor asesor jurídico, quien ha referido el planteamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el contexto de que debe darse trascendencia prevalente al dicho de la víctima mujer de un delito como el que nos ocupa, y que si bien pueden existir contradicciones, pues bueno, estas deben ser consideradas a la luz de otros elementos que refuercen el dicho de la víctima, pero no ordena que en todo caso el juzgador, a pesar de toda contradicción, le conceda valor pleno; eso no es perspectiva de género”, justificó el juez. 

Además, aseguró que había llamado su atención que la víctima hubiera acordado un código de emergencia con una amiga, quien además la había aconsejado, “pero a pesar de esto, ni la asesoría ni la representación social dijeron que esto no hubiera acontecido, que la amiga no hubiera establecido el código de llamada en ningún punto, y en el restante contradictorio, la defensa siempre dijo que tuvo en su mano su celular la víctima”.

De nuevo, primero volvió al tema de que no podía exigirse la denuncia en determinado tiempo, para después recurrir de nuevo al matiz: “Tampoco es una cuestión que pueda exigirse y atribuirse a la víctima, pero vuelve inexplicable, entonces, por qué la sistemática coacción que refiere y el temor laboral sobre sus consecuencias no le llevaron de ninguna manera, no en el momento del hecho pero en lo posterior, a tratar de buscar ayuda más pronta y eficaz”. 

Todo ello, después de declarar la nulidad de una entrevista psicológica, una prueba pericial y un informe de policía. 

Michelle recuerda que uno de los aspectos más difíciles para decidirse a denunciar fue la convicción de que se estaba enfrentando a gente muy poderosa, que injustamente podría bloquear el desarrollo de su carrera y su especialidad.

“Una parte muy difícil también ha sido la de creerle a la víctima. La cantidad de personas que, por conocerlo a él como el hombre perfecto, no creyeron ni creen mi historia son muchísimas. Creo que si hay algo importante es siempre creerle a quien está alzando la voz”, añade.

Para ella, justicia sería que su presunto agresor estuviera detenido, cumpliendo las penas previstas por la ley, pero también el reconocimiento por parte del hospital y de la universidad de lo que pasó, para después garantizar que no lo viva nadie más. 

“Que todas las personas que estuvieron involucradas y tuvieron responsabilidad en la toma de decisiones, y no tomaron las adecuadas, y permitieron que las personas que me hicieron daño lo siguieran haciendo, dejen sus cargos o pongan a alguien con mucho más perspectiva de género; creo que los hospitales y la UNAM tienen que tener vías mucho más claras para que esto no vuelva a pasar”, subraya.

(Con información de: Animal Político)