En cualquier caso la muerte de la niña guatemalteca de 11 años en la colonia Colosio de Playa del Carmen es una verdadera desgracia, pero el impacto social de decir que fue un asesinado con violación y tortura es por supuesto totalmente distinto.
Con la primera versión, la del crimen violento, la conmoción comunitaria y en las redes sociales fue tremenda. Se trataba de un acto brutal en varios sentidos, incluyendo el grave delito sexual supuestamente subyacente.
El dicho de las autoridades de seguridad pública implicaba por supuesto el imperio del delito en su forma más salvaje y cruel. Al principio nadie lo puso en duda: la inseguridad creciente, especialmente en ese popular e inmenso barrio, la descomposición social de la cabecera municipal de Solidaridad y la ruina de esta familia de centroamericanos fueron un escándalo a nivel nacional. Una ciudad, importantísimo destino turístico del país, pareció un par de días a los ojos del receptor de las noticias, como un centro poblacional dantesco y salvaje.
No fue una fake-news de la prensa ni una exageración de las redes sociales –como con frecuencia sucede–, pues la especie salió del reporte policial, pero la historia fue cambiada radicalmente por la Fiscalía General del Estado: resulta que la pequeña se suicidó porque sus padres no la dejaron salir a la calle.
¿Quién miente o quién está inventando historias de la manera más irresponsable? ¿De verdad es posible confundir el cadáver de una niña que fue violada y torturada con el de una que se quitó la vida ahorcándose?
“Guadalupe Reyes Pinzón, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, indicó que la necropsia arrojó únicamente una lesión por ahorcamiento, aunque el cuerpo fue hallado algo descompuesto, pues sus padres lo encontraron cuatro horas después del hecho.
“La funcionaria confirmó que la familia proviene de Guatemala, además que, el testimonio del hermano, un menor de nueve años, fue determinante para saber cómo ocurrieron los hechos”.
Entendemos que los elementos de Seguridad Pública pueden no estar capacitados para dar un dictamen médico, pero ¿cómo es posible confundir cosas tan distintas? La que no tiene perdón es la Fiscalía al tardar tanto tiempo en hacer esa aclaración que ahora –y las redes sociales están repletas de opiniones en este sentido– parece, de tan absurda, bastante sospechosa.
Ya el gobernador Carlos Joaquín González se ha quejado de la pésima comunicación por parte de las autoridades de Seguridad Pública y de la Fiscalía, y ya no parecen solo lentos y erráticos, sino que de plano alucinan.
¿Qué confianza vamos a tener ante información acerca de temas tan sensibles tras estas inverosímiles confusiones? Mañana nos van a salir con que el óbito en realidad sucedió cerca del Iberostar, que estaba siendo devorado por los cocodrilos y que en realidad se trataba de un maniquí.
De mal en peor.
