Por ser recursos etiquetados, exclusivamente para obras, que no se sumarán a la deuda pública, y que se cubrirán con recursos federales, los diputados de la XVI Legislatura tienen la obligación de avalar el empréstito solicitado por el actual gobierno estatal, y así auxiliar a la muy necesaria recuperación económica.
Primeramente, la importancia de contar con estos recursos es innegable. La inyección de 820 millones, exclusivamente para obras, no solo significa empleo, contratos para proveedores y mejoras en vialidades y servicios. Además, el tener este rubro ya cubierto significa el liberar más fondos para atender temas prioritarios, como salud, asistencia social, promoción turística, por solo mencionar algunos.
La propuesta viene a solucionar un doble reto, causado por la pandemia de COVID-19: por un lado, el gasto extraordinario de recursos para fortalecer el sector salud, establecer protocolos y adecuar espacios, pero al mismo tiempo enfrentar una dura caída en la recaudación, por la crisis económica y por el otorgamiento de estímulos para cuidar el empleo.
Desde luego, puede objetarse que contraer deuda es desaconsejable, pero eso sería hablar sin conocimiento de causa.
La propuesta sometida a consideración del congreso estatal no es deuda pública como tal, no suma al techo financiero de la entidad (no entra al semáforo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). Ello, porque no se garantiza con participaciones o con recursos propios.
En lugar, se basará este empréstito en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), sin acumularse por tanto a la deuda anterior. Se trata de un esquema que presentó la propia SHCP, del Gobierno Federal, como una herramienta para los estados para salir adelante ante la actual adversidad.
Quintana Roo requiere de una recuperación económica, y para eso no puede quedarse sin obras, a pesar de la caída en la recaudación. Este esquema presentado es una solución viable, lógica, y una alternativa muy preferible al establecimiento de nuevos impuestos.
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Todos los diputados, sin importar de la bancada a la que pertenezcan, están a favor del desarrollo y del bienestar de las familias quintanarroenses, y por ello, su deber es “cerrar filas” en pro de la recuperación y votar en favor de esta propuesta.
