Durante la administración del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge (2011-2016), se tejió una red de corrupción en las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado que hoy, años después, sigue produciendo estragos para trabajadores, empresarios y —de forma menos visible— para las instituciones encargadas de impartir justicia.
Lo que parecía un mal que había quedado en administraciones pasadas de Quintana Roo no ha sido sanado, sino que se ha transformado, escondido o dejado latente.
Las denuncias contra el exgobernador Roberto Borge no fueron menores. Se documentaron juicios apócrifos diseñados para despojar a empresas, ejidatarios y particulares de bienes raíces, departamentos, terrenos, inmuebles, con expedientes en zonas de alta plusvalía como Cancún, Playa del Carmen y Tulum.
Se descubrió que se fabricaban trabajadores inexistentes, que se presentaron identificaciones falsas, y que documentos completos habían sido alterados o extraviados.
Hoy, más de siete años después, los viejos fantasmas siguen presentes. Los juicios laborales sin resolver son miles: de acuerdo con expedientes oficiales, Quintana Roo reportó cerca de 35 mil expedientes rezagados en las salas de Conciliación y Arbitraje; incluso algunos casos se han arrastrado desde hace cerca de una década.
Aunque hay avances, las autoridades han reconocido que faltan recursos humanos clave —peritos, proyectistas, inspectores— y que el presupuesto es insuficiente para procesar todos los casos acumulados desde hace años.
Una muestra visible de corrupción actual relacionada con juicios laborales es la reactivación sospechosa de expedientes olvidados. Funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje han sido señalados públicamente de desempolvar casos dormidos o incluso generar nuevos, con demandas que exigen embargos de propiedades, todo amparado en supuestos trabajadores que nunca existieron o con salarios exagerados.
Hay casos donde en los que complejos habitacionales han sido embargados mediante la ejecución de un laudo laboral por supuestos empleados, con sueldos exorbitantes, para obligar al desalojo.
RENDICIÓN DE CUENTAS
También se lograron devoluciones millonarias a víctimas de despojos laborales apócrifos tras investigaciones recientes.
¿Qué actores se benefician? No solo los antiguos funcionarios de Roberto Borge. Hay denuncias donde empresarios, despachos privados, líderes de juntas locales, y —según lo que se ha reportado— bancos, están involucrados, directa o indirectamente en esta madeja.
Los bancos aparecen al ser los receptores de embargos o garantías sobre propiedades embargadas, que luego se utilizan para asegurar créditos o pagar laudos. Aunque las pruebas concretas de todos los vínculos aún requieren seguimiento judicial, la denuncia social ya señala que esta corrupción laboral no es local ni aislada, sino que tiene conexiones con el sector privado que opera bajo la permisividad de las autoridades.
El nuevo sistema de justicia laboral prometió acortar plazos, agilizar los reclamos, dar certeza a los trabajadores, desterrar las juntas y pasar todo al nuevo sistema conciliatorio-oral.
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Sin embargo, los juicios apócrifos solo cambian de forma, no de fondo. Urge que se ataquen las estructuras de corrupción, se endurezcan los controles internos, se sancione a los funcionarios cómplices, se garantice la protección de quienes denuncian, y se asegure presupuesto suficiente para que los nuevos tribunales y centros de conciliación realmente funcionen.
Mientras tanto, los trabajadores en Quintana Roo siguen esperando laudo tras laudo, muchos simplemente se resignan. Los empresarios que no participan del saqueo denuncian inseguridad jurídica. Y la credibilidad institucional se va debilitando.
