La consulta para retirar la concesión de Aguakan es un tema que algunas voces se niegan a dar por concluido. Y es que insisten en que se cancele de forma unilateral el contrato pese a las muchas dificultades que ello implicaría. Una de las principales: el dinero que tendrían que desembolsar las autoridades y que por ende, terminarían pagando los quintanarroenses.

Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estarían considerando como vinculante la consulta en tres de los cuatro municipios donde se llevó a cabo debido a que la participación fue mayor al mínimo requerido.

Y a la vez el Ieqroo tocó el tema en una sesión general en la que declaró como vinculante la consulta en tres municipios: Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

Las autoridades electorales ahora buscarán que los gobiernos atiendan los resultados y buscar cómo cancelar la concesión de Aguakan. Sin embargo, como ya se ha mencionado en anteriores ocasiones el tema es muy complejo.

Y es que de entrada declarar vinculantes los resultados no implicará que en automático se rompa el acuerdo y se cancele la concesión. Y es que hay muchos pasos a seguir.

Los diputados locales y los Ayuntamientos deberán tomar decisiones y estar conscientes de dos situaciones: una, es que deberán pagar a la empresa por romper unilateralmente un contrato vigente, del cual la concesionaría sí está cumpliendo con su parte, invirtiendo en infraestructura y brindando el servicio. Ese dinero es posiblemente el que estaría destinado a otros rubros como salud, educación y más. Lo que quizá generaría problemas financieros a los municipios.

Y el otro problema es ¿qué empresa pública o privada sería capaz de brindar el servicio de manera eficiente? Privada ya lo hace Aguakan, por lo que sería pública, es decir CAPA. El problema es que tampoco habría recursos para hacerla funcional, lleva años sin presupuesto y con problemas de operatividad.

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¿Entonces cómo se pretende que otorgue el servicio? ¿Están dispuestas las autoridades a dejar sin agua a la población en lo que resuelven esas dificultades?

¿Están las autoridades de estos municipios de Quintana Roo en condiciones de pagar las millonarias compensaciones que implicaría cancelar la concesión de Aguakan? Porque parece que habría más problemas que soluciones al tomar una decisión como esa. Y reiteramos, quienes pagarán de una u otra forma son los ciudadanos.