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Rafael Santiago Campos, antiperiodista mercenario en extinción

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En algunas redacciones todavía perduran algunos de estos ejemplares, como un remanente de tiempos (afortunadamente) idos ya: sicarios de la información, calumniadores de oficio, “reporteros” que se mueven entre abogángsteres y asesores de gobierno, dispuestos a inventar las ficciones más audaces y a arrastrar el prestigio de quien sea por el fango, a cambio de algunas cuantas monedas. Claro ejemplo de ello en nuestro estado es Rafa Santiago Campos Ortiz, actual escriba en jefe del Quintana Roo Hoy, periódico de escaso tiraje y menor relevancia que, al igual que él, está ya dando sus últimas “patadas de ahogado”.

Miguel Cantón, director general de este medio en vías de desaparición, debió estar bastante desesperado, o más probablemente escaso de opciones al deberle a tantos trabajadores, como para contratar a esta reliquia del pasado, un “antiperiodista” que escribe novelas cortas sacadas de su imaginación, sin fuentes y sin evidencias, y que pretende presentar como noticias.

Originario de Veracruz pero avecindado por muchos años en Tabasco, donde se hizo reportero de oficio, él aprendió las peores prácticas propias del priismo de ese entonces, como el calumniar a opositores políticos para así mantener los jugosos contratos de sus jefes con el gobierno, además de sacar un dinero extra, atento a los litigios por propiedades o custodias de menores, acercándose a los abogados para atacar a los contrincantes o incluso para presionar a jueces.

Esta escuela fue con la que Rafael Santiago llegó a Quintana Roo, al “venderse” con un periódico local, prometiendo el poder obtener fuertes sumas de dinero. Lo que no dijo, claro, es que ya había agarrado la “maña” de trabajar a medias o a regañadientas con los clientes de la empresa, para así lograr un “convenio” separado, exclusivo para él, a espaldas de su medio.

Eran los tiempos de Félix González y luego de Roberto Borge, en donde se despojaban propiedades, robaban al erario, cuando se dispararon las ejecuciones y los feminicidios eran disfrazados de muertes pasionales. Nada de esto informaba Rafael Santiago, quien dedicaba planas dobles para ensalzar al gobernador en turno, atacaba a opositores políticos, incluso con fotografías comprometedoras, y defendía a diversos litigantes, según lo que pagaran.

Pero los tiempos ya cambiaban y cada vez menos personas hacían caso a estos periódicos vendidos, cuyos tirajes eran casi insignificantes, pero que eran disfrazados con los gobernantes, que todavía les inyectaban sumas millonarias, a costa de obra pública, servicios u otras necesidades sociales. Para los tiempos finales del borgismo, ya habían manifestaciones con consignas en contra de esta prensa mercenaria, objeto del repudio general.

Como parte de estos cambios, por primera vez hubo transparencia y se hicieron públicos los vergonzosos e indefendibles contratos entre el gobierno borgista y estos medios. De forma escandalosa, Rafael Santiago Campos era el único director en tener un convenio separado. Le “picaba los ojos” a su empresa con un pago mensual de 36 mil pesos.

Otro cambio que llegó es el fin a la impunidad por parte de estos calumniadores profesionales. Ahora, sus mentiras derivaban en litigios y en pagos de reparaciones para el medio. Múltiples y millonarios juicios fueron lanzados en contra de su medio, por la falta de pericia de Rafael Santiago, acostumbrado al “antiperiodismo” de antes, de solo acusar sin investigar y sin sustentar nada. A él le interesaba cumplirle a su “cliente”, sin importarle los problemas legales que eso causara para su periódico.

Dicen que perro viejo no aprende nuevos trucos y ese parece ser el caso de Rafa Santiago, quien ahora se “vendió” con Miguel Cantón para ser su golpeador oficial en el Quintana Roo Hoy, sin entender que ya se viven otros tiempos, en donde sus novelas de ficción, disfrazadas de noticias, ya no engañan a nadie, en donde ya nadie presta atención a estos pasquines en vías de extinción, en donde los gobierno ya se dieron cuenta que sus tirajes son mínimos y que no justifican los enormes montos de dinero que exigen, y donde, principalmente, las personas que agravian en sus escritos tiene todo el derecho para demandarlos.

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