Chetumal.- Por unanimidad de las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, PRD, PVEM, Nueva Alianza, Encuentro Social y de los diputados independientes, la XV Legislatura aprobó la reforma constitucional anticorrupción.

Mediante la cual se pondrá en marcha la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, que deberá iniciar su operatividad el primero de enero de 2018.

Reforma constitucional anticorrupción, aprobada

La minuta de reformas a la Constitución de Quintana Roo, que será turnada a los ayuntamientos del estado para el trámite legislativo correspondiente, es el resultado del consenso entre las fracciones parlamentarias.

Así como del estudio y análisis realizado por las comisiones legislativas, de las cuatro iniciativas presentadas por el PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, los diputados independientes y el Ejecutivo estatal.

Opiniones en tribuna

En tribuna, la diputada Mayuli Martínez Simón, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, aseguró que con la aprobación de esta reforma, la XV Legislatura le cumple a los ciudadanos que se pronunciaron en las urnas a favor de ponerle un alto a la corrupción.

“Con esta reforma, creamos un Sistema que le haga frente a las inercias, los incentivos perversos, y los arreglos institucionales que benefician a unos cuantos a costa del bienestar presente y futuro de miles de quintanarroenses”, sentenció.

Martínez Simón aseguró la reforma aprobada, es un punto de quiebre a partir del cual seremos capaces de decirle adiós al círculo vicioso de la corrupción e impunidad, “a la dicotomía de la complicidad y el amiguismo, y la subordinación de las instituciones a los intereses privados”.

El diputado Emiliano Ramos Hernández, de la fracción parlamentaria del PRD, dijo que con el dictamen aprobado, se está culminando la primera etapa del sistema estatal anticorrupción, para lo cual se tomó lo mejor de las iniciativas presentadas por las fracciones parlamentarias.

Ramos Hernández destacó también las opiniones vertidas por la sociedad civil, por lo que la reforma constitucional anticorrupción debe ser para los ciudadanos, un claro mensaje de que el Congreso está generando un auténtico sistema de contrapesos.

Sistema se implementará hasta 2018

El diputado Raymundo King de la Rosa, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, consideró que, si bien la aprobación de la reforma en materia anticorrupción representa un importante logro para el Congreso, el sistema no podrá ser implementado antes del año 2018.

King de la Rosa consideró que se pudo iniciar la adecuación del marco normativo desde hace unos meses, para no apresurar hoy los trámites legislativos y enfrentarse a cuestiones de infraestructura, financiamiento e integración de su estructura administrativa, que son los motivos por los cuales a nivel federal tampoco se ha podido consolidar.

El diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, de la fracción parlamentaria del partido Encuentro Social, consideró que legislar en contra de la corrupción no es suficiente, pues lo que se requiere es una nueva cultura anticorrupción, “para no tener que estar nombrando más gente, más funcionarios y más recursos para acabar con esto”.

Se restablece la confianza ante instituciones

La diputada Silvia Vázquez Pech, de la fracción parlamentaria de MORENA, aseguró que con la aprobación de la reforma anticorrupción, los legisladores contribuyen al mejoramiento del Estado y al bienestar de la sociedad, restableciendo la confianza de los quintanarroenses en sus instituciones.

“Se puede revertir la corrupción, ese cáncer que perjudica a nuestra nación, que nos ha mantenido como un país del tercer mundo, que nos ha privado a la inmensa mayoría de una mejor calidad de vida y aún peor que deja un legado desalentador para nuestros hijos y un mal ejemplo a seguir”, agregó.

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Además, será la Legislatura quien elija al fiscal anticorrupción, mientras que para la integración del Tribunal de Justicia Administrativa, se abrirá la convocatoria a la ciudadanía para que los interesados puedan inscribirse en el proceso de selección de los magistrados de justicia administrativa.