Detectan brote de tuberculosis en cárceles de Nuevo León
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) reportó la detección de un brote de tuberculosis en los Centros de Reinserción Social (Ceresos), que afecta a 34 reclusos.
Sin embargo, lo peor del caso, denunció la Comisión, es que las autoridades penitenciarias de Nuevo León impiden que los reclusos tengan acceso a atención médica adecuada, así como a la protección de su integridad física y legal.
Este martes, en conferencia de prensa, Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDHNL, informó que a los pacientes en cuestión se suman otras personas privadas de su libertad, fallecidas entre el 2000 y 2005 por la misma enfermedad al carecer de la atención médica debida.
“La tuberculosis es una enfermedad contagiosa, pero que puede ser tratada y curada, pero se requiere un cuidado médico prolongado por más de ocho meses y acceso a los tratamientos y medicinas apropiadas”, dijo la funcionaria.
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Negligencia en los casos de tuberculosis
Durante la comparecencia ante medios de comunicación, Méndez Arellano hizo pública la recomendación 17/2006 dirigida al secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, para que extienda una sanción administrativa al comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria, César Daniel Ramírez Acevedo.
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La funcionaria relató que Ramírez Acevedo impidió el viernes 7 de agosto el acceso a visitadores de la CEDH al centro de reinserción femenil, en donde estaba previsto atender la denuncia de dos internas a quienes se les suspendió la entrega de medicinas por tuberculosis.
“El pasado viernes, debido a quejas de cinco personas del Cereso Femenil, personal de la Dirección de Quejas acudió al Cereso y por instrucciones del comisario se nos negó el acceso.
“Esto es la primera vez que ocurre, pero es de gran relevancia porque está obstaculizando la labor de defensa y de garantía del derecho a la salud, porque las personas que interpusieron una queja refieren padecer tuberculosis”, comentó.
Cabe señalar que las disposiciones de la Ley Nacional de Derechos Humanos y su correspondiente en el estado, considera un delito negar el acceso a los visitadores a los penales para realizar sus diligencias y seguimiento de sus denuncias, explicó la presidenta de la CEDHNL.
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