México.– Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien fuera Secretario de Seguridad Pública de Guerrero durante la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, fue detenido en Nayarit por este caso, en el que está señalado por presunta delincuencia organizada.

El principal policía de Guerrero durante la desaparición de los normalistas, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, fue capturado el viernes pasado en el estado de Nayarit por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el exfuncionario se encuentra recluido en el penal “El Rincón”, de Tepic, en espera de su traslado para iniciar el proceso judicial en su contra por presuntos vínculos con el grupo criminal denominado Guerreros Unidos.

Vázquez Pérez es uno de los funcionarios contra los que existían órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, otorgadas por el Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, en septiembre pasado.

Además de la orden de aprehensión contra Vázquez, el Juez también concedió la captura contra Iñaki Blanco Cabrera, exprocurador de Justicia de Guerrero; de Lambertina Galeana Martín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG); y contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, los últimos por los delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República retiró órdenes de captura contra 21 personas, incluidas 16 que iban contra militares y el resto exfuncionarios estatales, días después de que estas aprehensiones fueran solicitadas por la unidad del exfiscal encargado del caso de la desaparición de los 43 estudiantes, Omar Gómez Trejo, quien renunció el pasado mes de septiembre.

Sin embargo, el pasado 26 de octubre, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había dicho que era posible reactivar las órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

López Obrador dijo además que en la Fiscalía Especializada para el Caso Ayotzinapa, que pertenece a la Fiscalía General de la República, quisieron “dinamitar” la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas para que los presuntos responsables no fueran enjuiciados. No obstante, mencionó que se podrían abrir más órdenes de aprehensión.

La Comisión de la Verdad dirigida por Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó en agosto un nuevo informe con indicios sobre los presuntos implicados tanto en la desaparición de los estudiantes, incluidos algunos militares, como en el ocultamiento posterior de los hechos, en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Luego de la presentación del informe de la Comisión, se anunciaron 83 órdenes de captura, parte de las cuales fueron retiradas semanas después. Entre agosto y septiembre fueron detenidos tres miembros del Ejército, entre ellos uno de los mandos en Iguala en aquel momento y actual general retirado, José Rodríguez Pérez; y el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

Todos están actualmente bajo proceso penal y en prisión preventiva aunque sus respectivas defensas alegan que no hay pruebas sólidas contra ellos y han apelado.

Tras el escándalo que se desató por la renuncia del Fiscal especial, el Presidente López Obrador trató de restarle importancia al asegurar que Gómez Trejo dejó el cargo porque “no fue tomado en cuenta”, y salió en defensa del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el presidente de la Comisión gubernamental del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas.

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También dijo que el Ejército ha colaborado con la investigación del caso, sin embargo, los abogados de las familias afirman que ha sido de forma limitada, aunque supieron en tiempo real todo lo que sucedió en el 2014.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la que depende el grupo de expertos internacionales que investiga el caso y con el que trabajó Gómez Trejo, y el Centro Prodh manifestaron preocupación por la salida del Fiscal.

La CIDH informó que desde agosto la unidad especial dirigida por Gómez Trejo parecía no contar con el personal policial necesario para recabar pruebas, judicializar nuevos cargos y dar seguimiento a los procesos judiciales en curso.

El abogado Rosendo Gómez Piedra fue nombrado como Fiscal de la Unidad Especial de Investigación del caso. El nuevo encargado del caso ocupó la presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno del estado sureño de Tabasco entre 2019-2020.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a los padres de los estudiantes, indicó en su cuenta de Twitter que de confirmarse la designación del nuevo encargado de la unidad especial sería un “enorme retroceso” porque fue una decisión “no comunicada, ni explicada antes a las familias”. Asimismo, la ONG planteó que Gómez Piedra tiene un perfil político “sin experiencia en la investigación independiente de violaciones graves a derechos humanos”.

Con información de sinembargo.com.