Habitantes del ejido El Real, en el municipio de Catemaco, Veracruz, enfrentan zozobra por la presencia de un grupo armado que, a bordo de vehículos, está destruyendo sus viviendas y buscando despojarlos de las tierras que les fueron otorgadas mediante una resolución presidencial de 1973.
Los pobladores de El Real viven atrincherados ante gatilleros que destruyen sus viviendas pese a una suspensión de amparo emitida en el juicio 740/2023 del Juzgado Quinto de Distrito, que ordena mantener las condiciones previas a la ejecución de 2023.
La ejecución se llevó a cabo en enero de hace dos años y, sin embargo, presuntos afectados por el decreto presidencial han sido derrotados en diversos juicios, sólo que en este momento utilizan la fuerza y las armas para desalojar a los legítimos propietarios.
Según los pobladores, el conflicto de larga data enfrenta a beneficiarios del decreto presidencial contra un grupo de presuntos afectados por esa resolución.
Aunque los últimos han perdido varios juicios legales, ahora recurren a la fuerza y las armas para desalojar a las familias, utilizando gasolina para destruir viviendas y sembrar el terror.
El ataque es atribuido a personas provenientes de la colonia La Palma, quienes han ignorado la suspensión de amparo en curso, agravando la situación y generando temor entre los residentes.
Los habitantes del ejido El Real, ubicado cerca de la Barra de Sontecomapan, han hecho un llamado enérgico a las autoridades estatales y federales para que intervengan de manera inmediata, previniendo una tragedia mayor.
“Estamos siendo atacados en nuestras propias casas. Es una violación flagrante de nuestros derechos y a una orden judicial. Necesitamos ayuda antes de que esta situación termine en desgracia”, señalaron algunos de los afectados.
El conflicto pone en evidencia la falta de seguridad y garantías para las familias campesinas de la región, así como la necesidad de una solución definitiva para ese caso que cumple varias décadas generando tensiones.
Hasta el momento, ni las autoridades municipales, estatales y mucho menos las federales han emitido un pronunciamiento sobre los graves acontecimientos.
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Los presuntos agresores estarían violando una suspensión de amparo librada por el Juzgado Quinto de Distrito que ordena mantener las cosas como están, tal y como lo ordena la ejecución emitida ya hace dos años.
En la zona pasan cables de alta tensión, por lo que el reacomodo es necesario para que no queden dentro de la zona de conflicto. También hay ductos y se está solicitando que se muevan debido a que una bala perdida podría desencadenar un infierno en la zona.
