China intensifica detenciones de buques panameños tras pérdida de concesión portuaria en el Canal
Desde marzo de 2026, Pekín ha retenido cientos de embarcaciones con bandera de Panamá en puertos chinos, en lo que analistas describen como una presión económica directa.
Una disputa geopolítica en torno al Canal de Panamá escala de forma significativa: China ha incrementado de manera notable las detenciones de buques mercantes que navegan bajo bandera panameña en sus puertos, en lo que especialistas vinculan con la revocación de una concesión que operaba dos terminales estratégicas en la vía interoceánica.
De acuerdo con datos de la firma de inteligencia marítima Ambrey Analytics, a partir del 8 de marzo de 2026 China comenzó a retener embarcaciones panameñas a un ritmo inusual, justificando las acciones como inspecciones de control estatal. Solo durante abril fueron detenidos 136 buques, una cifra que representa 6.4 veces el promedio registrado a lo largo de 2025. En marzo la cifra fue de 96 embarcaciones, equivalente a casi tres cuartas partes del total de detenciones registradas en China ese mes. En conjunto, desde inicios del año se acumulan 272 buques retenidos.
Las retenciones, que suelen extenderse entre uno y cinco días bajo el argumento de deficiencias técnicas, generan retrasos operativos y elevan los costos logísticos para los operadores involucrados.
El trasfondo del conflicto se remonta a una sentencia de la Corte Suprema de Panamá que declaró inconstitucional la concesión otorgada en 1997 —y renovada en 2021— a Panama Ports Company, subsidiaria del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, para gestionar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en los extremos Pacífico y Atlántico del canal respectivamente. Tras el fallo, la Autoridad Portuaria Nacional de Panamá asumió el control de ambas terminales.
CK Hutchison, que administró esas instalaciones durante cerca de tres décadas, calificó la decisión como una confiscación ilegal y presentó un arbitraje internacional reclamando una compensación superior a los 2,000 millones de dólares. Las autoridades de China y Hong Kong, por su parte, tildaron la sentencia de "acto de mala fe" y señalaron que respondió a presiones externas más que a un proceso jurídico independiente.
Analistas consultados por medios internacionales coinciden en que las detenciones masivas constituyen una forma de presión económica asimétrica. Según la economista Alicia García-Herrero, del banco Natixis, Pekín envía con estas acciones una señal clara: las decisiones que afecten intereses de empresas chinas o vinculadas a Hong Kong tendrán consecuencias tangibles. En la misma línea, el investigador Evan Ellis, del Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército de Estados Unidos, advierte que la respuesta china en este caso parece más amplia y manifiesta que en episodios anteriores con otros gobiernos.
La situación se enmarca en una tensión más extensa entre Washington y Pekín por el control de infraestructuras portuarias y rutas comerciales clave a escala global.
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Fuente: BBC Mundo
