¿Funcionan las designaciones terroristas? Lo que ha pasado con los carteles de México, Colombia y Venezuela
Expertos señalan que la clasificación de grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos ha endurecido sanciones financieras, pero no ha logrado debilitar a las organizaciones.
Desde inicios de 2025, el gobierno de Estados Unidos ha clasificado a decenas de organizaciones criminales de América Latina como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), una medida que implica sanciones económicas, bloqueo de activos y un control estricto sobre las transacciones financieras de estos grupos y sus redes de apoyo.
La lista incluye a los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Nordeste, del Golfo, Unidos y Nueva Familia Michoacana; al Tren de Aragua y al Cartel de los Soles, de Venezuela; al Clan del Golfo, de Colombia; y a los grupos ecuatorianos Los Choneros y Los Lobos, entre otros. La más reciente incorporación, anunciada en junio de 2025 y publicada en el Registro Federal con la firma del secretario de Estado Marco Rubio, corresponde a dos organizaciones brasileñas: el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).
La clasificación otorga a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro la facultad de bloquear los activos de estas organizaciones en territorio estadounidense, prohibir transacciones financieras con ellas y sancionar a cualquier persona o empresa —nacional o extranjera— que les brinde apoyo material, logístico o financiero.
Sin embargo, de acuerdo con especialistas consultados por medios internacionales, los resultados concretos han sido limitados. Salvo en el caso de Venezuela —donde la presión alcanzó su punto más alto con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro en enero de 2025—, las designaciones no han debilitado de manera significativa a las organizaciones criminales ni han reducido los niveles de delincuencia en los países involucrados.
Lo que sí se ha observado, según los analistas, es un endurecimiento de las penas para delincuentes extraditados a Estados Unidos y un impacto notable en el sector privado de los países afectados, ante el riesgo de quedar expuestos a sanciones por vínculos —directos o indirectos— con los grupos designados.
En el caso de México, donde la designación entró en vigor en febrero de 2025, la presión diplomática de Washington sobre el gobierno federal se ha intensificado. Uno de los episodios más destacados fue la imputación de diez funcionarios del gobierno del estado de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa. Además, el gobierno mexicano denunció una supuesta operación no autorizada de la CIA en el norte del país, luego de que dos agentes fallecieran en un accidente de tráfico mientras investigaban laboratorios de drogas.
Según Cecilia Farfán-Méndez, directora del Observatorio Norteamericano de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, la designación modifica el tono con que Estados Unidos define la amenaza que representan estos grupos, aunque no ha generado cambios sustanciales en su comportamiento operativo.
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Fuente: BBC Mundo
