La violencia ha incremento considerablemente y el presidente de Colombia, Iván Duque, ha ordenado, el que denominó, el mayor despliegue militar en el departamento del Valle.

Segun datos oficiales, al menos cuatro personas murieron en la ciudad colombiana de Cali este viernes, en medio de masivas manifestaciones, las cuales cumplen un mes, sin que se hayan destrabado unos preacuerdos con el Gobierno para abrir negociaciones con sindicatos, organizaciones sociales y estudiantiles.

El presidente, Iván Duque, aseguró que el incremento de la violencia lo llevó a ordenar de manera inmediata el mayor despliegue militar en el departamento del Valle, principalmente en Cali, epicentro de los más violentos disturbios.

“Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento”, dijo Duque durante una visita a Cali.

El mandatario precisó que la medida incluye más de 7 mil hombres desplegados para desbloquear vías, incluyendo miembros de la Armada Nacional.

Por su parte, Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali confirmó más temprano tres de las muertes, aunque medios locales reportan otro fallecido más.

“Hay que dialogar entre quienes convocan al paro, el Gobierno nacional y toda la sociedad. Si no se dialoga la espiral violenta se seguiría manifestando”, aseguró Ospina.

Uno de los muertos registrados, pertenecía al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, confirmó un directivo del organismo. Por lo que la Gobernación del departamento del Valle, de la que es parte Cali, decretó el toque de queda.

Videos mostraban a personas de civil disparando contra la multitud muy cerca de policías, que no reaccionaban ante los ataques y en otras algunos manifestantes golpeaban a agentes.

Las movilizaciones comenzaron el 28 de abril y han provocado el retiro de una reforma fiscal y el naufragio de otra al sistema de salud en el Congreso, así como la renuncia del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Ahora, las demandas de los manifestantes se han ampliado para incluir un ingreso básico para los más pobres, oportunidades laborales y de educación para los jóvenes y el fin de la violencia policial, así como llamados a eliminar el temido escuadrón de la policía antidisturbios, el ESMAD.

Aunque la mayoría de las marchas fueron pacíficas, también se presentaron disturbios puntuales, como en la ciudad de Popayán.

El Ministerio de Hacienda estima en más de 2,680 millones de dólares el impacto de los bloqueos y manifestaciones, que han provocado desabastecimiento de alimentos y suministros, causando alzas de precios, así como interrupciones en el comercio internacional en el principal puerto marítimo del país y la suspensión de operaciones de cientos de empresas.

El Comité Nacional del Paro -conformado por jefes sindicales, estudiantes y representantes de otros sectores- acusó al Gobierno de retrasar la firma de un acuerdo previo al que llegaron a comienzos de la semana, en busca de iniciar la negociación formal de un pliego de peticiones.

“Si el Gobierno se niega a firmar (…) solo falta la firma del presidente para arrancar la negociación”, dijo Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Pero el Gobierno dijo que el retraso se debe a que algunos líderes de la protesta no aceptaron en el preacuerdo condenar los bloqueos de las carreteras.

Hasta el viernes el Gobierno relacionaba 17 muertes de civiles directamente con las marchas y dos policías murieron durante las anteriores jornadas. Mientras que grupos de derechos humanos afirman que las fuerzas de seguridad han matado a decenas de civiles más.