Tulum. Tras cierre de la carretera costera Tulum-Punta Allen, por el grupo de familias que fueron desalojadas de un terreno de propiedad privada que invadieron en el 2016, el Secretario General del Ayuntamiento, Enrique Rodríguez Luna, señaló que las autoridades municipales privilegiarán el diálogo, pero se aplicará la ley en caso de ser necesario por alterar el orden público.
La mañana de hoy miércoles, por un mandamiento judicial, más de 100 familias fueron desalojadas de una zona de invasión, en la cabecera municipal, según el reporte de las autoridades policiacas.
Los pobladores irregulares desmantelaron sus chozas y palapas, para cumplir con lo solicitado por la policía; sin embargo, unas horas después, estas mismas personas desalojadas se manifestaron en la entrada a la zona hotelera de Tulum, en el camino que lleva a Boca Paila.
Una de las cartulinas que portaban reza: “Desalojan sin presentar una orden de un juez, con lujo de violencia y destruyendo vivienda con maquinaria pesada”.
Por lo que Rodriguez Luna, precisó que el juez de control, Miguel Ángel Tuyub Martín, con sede en Solidaridad, solicitó el apoyo de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a cargo de Daniel Hernández, para que asignará a elementos de la corporación para que estuvieran presentes durante la diligencia que se realizó durante la mañana del miércoles.
Con base en el documento entregado por el agente del Ministerio Público del Fuero Común, Jeans Gaspari Chablé Yupit, se determinó el aseguramiento y restitución del predio ubicado en la calle Escorpión Sur y Libra Sur, ya que quienes lo invadieron incurrieron en el delito de despojo, por lo que se cumplió el dictamen del juez.
Al llegar la policía homologada de Quintana Roo para liberar la vía de comunicación, se desató un conato de enfrentamiento, pero los uniformados lograron despejar la vía sin ningún detenido o lesionado.
Por último, Enrique Rodríguez Luna, señaló que la administración municipal, está a favor del diálogo, pero no se permitirá la alteración del orden público y el cierre de vialidades que afecten la libre circulación de los habitantes y visitantes de este destino turístico, por lo que se aplicarán las leyes en la materia.
