Cancún, Quintana Roo.- Contraviniendo, no sólo los formalismos, sino a la propia Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo (LIPEEQ), Gustavo Miranda García realizó un acto proselitista que fue disfrazado de “inicio de campaña de activismo”.
Este sábado, representantes de la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el líder estatal, José de la Peña Ruiz de Chávez, el dirigente en Benito Juárez, Guillermo Andrés Brahms González, el regidor Pablo Bustamante y el diputado, Gustavo Miranda García, se reunieron para “dar el banderazo” a una supuesta campaña de “activismo” político con miras al proceso electoral del 2021.
No obstante, Pablo Bustamante, el orador quien es además, el mejor amigo, socio de negocios y hasta cómplice en la presunta comisión del delito de fraude, pasó de hablar de “los logros de los activistas del Partido Verde”, a los logros de la gestión del representante popular, de quien aseguró, le consta que trabaja de forma directa con sus representados aquí en la ciudad de Cancún.
LOS MENSJAES POLÍTICOS QUE PODRÍAN COSTARLES MUY CAROS
Entre los muchos pronunciamientos que se hicieron durante la simulación, trascendieron aquéllos que aseguraron que el PVEM podría postular de forma individual –es decir, sin coalición-, a su propio candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez.
Desde luego que hablaron de la posibilidad de que Mara Lezama pudiera pretender la candidatura para reelegirse y adelantaron que “respetan los tiempos y procedimientos internos de Morena”.
Aunque el orador habló “maravillas” sobre el trabajo del diputado verde, no informó por ejemplo, qué pasó con las promesas que hizo durante su campaña.
La que más destaca, es aquélla en la que aseguró que apenas llegara a la diputación, gestionaría el inicio de una exhaustiva investigación sobre el presunto desvió de cuando menos 200 millones de pesos a cargo de los integrantes de la XV Legislatura.
Tampoco mencionó que él, su socio Gustavo Miranda y la mamá de éste también, están involucrados en una demanda penal por fraude, la cual fuera iniciada por una institución bancaria española.
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Según el Código Federal y la Ley electoral local, el estar inmiscuidos en una investigación de carácter penal, lo que representa un Antecedente Penal y ello es un impedimento para encabezar una fórmula electoral.
