Hay una zona llamada Punto PUT, que es donde convergen los tres estado de la Península: Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Mientras que para algunos las siglas hacen referencia al Punto de Unión Terrotorial (PUT), hay quienes sostienen que esto deriva de un vocablo maya. Pues bien, desde aproximadamente 1902 hay diferencias entre las tres entidades respecto a dónde terminan sus territorios y comienzan los de sus vecinos.
Cada cierto tiempo las diferencias vuelven a surgir, se inician litigios cuyas resoluciones no satisfacen a nadie; con los cambios de autoridades y dependiendo de si los gobernadores de las entidades son o no de los mismos partidos políticos o alianzas las disputas se enfrían o se reactivan.
Tal es lo que acaba de ocurrir recientemente, cuando Carlos Manuel Aysa González, el gobernador interino de Campeche, quien asumió cuando Alejandro “Alito” Moreno se fue como dirigente nacional del PRI, ha salido a declarar que “defenderá con la vida si es necesario el territorio de Campeche”.
Y es que hay que recordar que esta disputa, que ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sigue sin tener una resolución definitiva.
Pero así como Campeche ha iniciado con una presión mediática hacia sus vecinos peninsulares, a mediados de 2019 Yucatán también presentó un recurso para reclamar la zona, pues según la Constitución, parte del territorio en disputa les pertenecía. Pero ahí vino nuevamente el cambio de autoridades, del PRI al PAN, y de momento se dejó de lado dicha solicitud.
En aquella ocasión el entonces secretario de Gobierno de Quintana Roo y hoy rector de la Universidad de Quintana Roo, Francisco López Mena, dijo que la ley le daría la razón a Quintana Roo.
El mismo año pasado Quintana Roo, por medio del Congreso del Estado reformó sus leyes y publicó el nuevo mapa territorial, con el que recuperaba parte del territorio que le corresponde.
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Cabe resaltar que uno de los problemas más usuales en el Punto PUT es que los habitantes no saben a qué estado pertenecen y por lo mismo desconocen qué autoridades son las que deben responder para brindarles los servicios básicos (drenaje, agua, potable, educación, salud) y dónde realizar sus trámites e incluso quién les debe brindar seguridad.
Más allá de ciertas posturas mediáticas, habrá que ver qué decisiones dentro del marco de la ley, tomarán los tres gobiernos de las entidades peninsulares.
