Cancún.- Las investigaciones y denuncias interpuestas por irregularidades cometidas durante la pasada administración del Gobierno del Estado involucran no sólo a funcionarios, sino también a particulares, personas físicas y morales, integrantes de empresas contratistas y aquellos que por parentela fueron presuntamente copartícipes de peculado u otras conductas delictivas.
Lo anterior lo confirmó el secretario de la Contraloría del Estado, Rafael del Pozo Dergal, quien aclaró que por presunción de inocencia no podía dar los nombres de los involucrados. De todas formas el servidor público indicó que el trabajo realizado en coordinación con instancias estatales y federales ha sido efectivo y resultado en la obtención de varias órdenes de aprehensión.
Del Pozo Dergal fue entrevistado un día después de que trascendiera la orden de aprehensión girada en contra de Édgar Méndez Montoya, empresario que fuera ampliamente favorecido en múltiples obras públicas, además de recibir extensos predios a una fracción de su costo real.
EN VARIAS DEPENDENCIAS
Aunque el secretario se negó a hablar de particulares, confirmó que detectaron múltiples irregularidades en la asignación de obra pública y pago a proveedores en dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), Finanzas y Planeación (Sefiplan), Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), en el Instituto del Patrimonio (el extinto Ipae), entre otras.
Por ello, las denuncias interpuestas van no sólo en contra de ex funcionarios del gobierno de Roberto Borge Angulo, sino hacia las personas físicas y morales favorecidas, que incluye a socios de empresas y parientes, en pesquisas que han incluido tanto sus cuentas bancarias como sus declaraciones fiscales.
Todo esto será desahogado ante las instancias judiciales, materia que está en manos de la Fiscalía General del Estado y en la que la Secretaría de la Contraloría ya no tiene injerencia, pero con la que colabora proporcionando la información que le sea solicitada.
