Tal como sucede en Quintana Roo, los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, buscan la manera de regular a las plataformas digitales de servicio de transporte público, como Uber y Cabify, con el objetivo de generar equidad entre estas empresas y los taxistas tradicionales.
De acuerdo con el diario El País, Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona impulsarán una serie de cambios para obligar a las empresas como Uber o Cabify a disponer de una autorización especial para poder operar, ya que actualmente existe la mayor cantidad de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), 3400 en total.
Para ello la alcaldesa de Barcelona y, a la vez, presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Ada Colau, pretende crear un “reglamento propio metropolitano”, en todo el área de Barcelona, de forma que además de las licencias que obtienen los autos, también tendrán que conseguir una autorización de la (AMB).
En el caso de Quintana Roo, estos procedimientos que apenas se implementarán en España, país considerado de primer mundo; ya existe un gran avance, pues su “reglamento propio metropolitano” correspondería a nuestra “Ley de Movilidad”, en donde en vez de otorgar autorizaciones se otorgan concesiones, que pone a servicios como Uber o Cabify en las mismas condiciones que los sindicatos de taxistas.
Asimismo, Ada Colau se reunió con los principales representantes del sector del taxi, para plantearles su nueva propuesta, que espera sea aprobada entre febrero y marzo.
Otra de las acciones que tomará Colau para reducir el transporte VTC, como le llaman a los operadores de servicio de taxi a través de plataformas digitales, es poner uno de éstos por cada 30 taxis tradicionales; pues, de acuerdo con Colau, no se puede permitir la incorporación de 3000 vehículos de estas características a los 850 ya existentes.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, aprobó por unanimidad que los vehículos VTC necesiten una segunda licencia extra para poder operar, algo que es obligatorio para los taxistas.
De igual manera el gobierno de Quintana Roo, ofrece la concesión a aquellos que quieran brindar el servicio, ya sea por medio de un intermediario o individualmente; el único requisito es garantizar la seguridad y confianza a los usuarios que lo soliciten; de cumplir con lo establecido, se otorgaría el permiso que a través del Instituto de Movilidad del Estado.
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En palabras de Joaquín González Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, las empresas que prestan estos servicios (Uber o Cabify) pueden operar en Quintana Roo al entrar el vigor la Ley, pero ajustándose a reglas establecidas que contemplan un esquema de control y seguridad para los usuarios.
