La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que, como parte del fortalecimiento de la estructura institucional, fue nombrada como Directora de Derechos Humanos la Mtra. Rubí Marcela Domínguez Castro, tras resultar seleccionada en una convocatoria dirigida al personal de esta institución.
En días pasados se llevó a cabo un riguroso proceso de selección a los siete candidatos inscritos en el proceso, para lo cual se integró una Comisión Especial de Selección con Titulares de unidades administrativas de la Fiscalía General y se contó con la participación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, garantizando así la legalidad, equidad y transparencia en el procedimiento de selección.
La Maestra en Derecho Procesal Penal resultó ganadora debido a su trayectoria profesional y por los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la entrevista, logrando así la mayoría de votos, determinación que fue puesta a consideración del Fiscal General, quien instruyó que fuera otorgado el nombramiento, por lo que a partir del 16 de octubre estará a cargo de la Dirección de Derechos Humanos de esta Fiscalía.
Actualmente, Domínguez Castro cuenta con Doctorado en Derecho Procesal Penal, cuyo título se encuentra en trámite.
Tiene experiencia docente, tres diplomados: uno en Juicio de Amparo, otro en Teoría del Delito y Sistema Acusatorio, y el tercero en Sistema Penal Acusatorio en la rama ministerial; asimismo, fungió como Juez Calificador en 2003, año en el que ingresó a la entonces Procuraduría del Estado como Ministerio Público. Ha estado adscrita a diversas unidades, entre otras la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer.
Cabe resaltar que aunque es atribución del Fiscal General designar a la persona encargada de dicha dirección, dio oportunidad al personal de la institución a través de la convocatoria interna.
La Fiscalía General del Estado se fortalece a través del personal capacitado, especializado y profesional, cuya misión es brindar a los quintanarroenses certeza en la procuración de justicia, respetando así las garantías individuales.
