Playa del Carmen.- “Prendido de alfileres” opera el Instituto de Movilidad en el Estado, que cuenta como base jurídica la Ley con el mismo nombre, pero que carece de reglamentación para imponer sanciones al transporte público en la entidad, lo que no impide que haya empezado a aplicar multas e incluso a enviar a taxis al corralón, sin sustento legal.

Desde hace meses, taxistas de todo el estado han sido víctimas de acoso, al grado de ser infraccionados con el reglamento anterior, derogado desde el año pasado, pues todavía no se cuenta con uno nuevo. Esto es igualmente cierto en Playa del Carmen, por parte de la delegación del Instituto de Movilidad a cargo de José Joaquín Morales Hernández.

“Hasta el momento no se debe de infraccionar a ningún servicio de transporte público, si alguien lo hace, los afectados deben de acudir a la delegación para interponer una queja; pues no hay reglamento que ampare la acción. Lo que sí se hace es la revisión de que los documentos de los taxistas estén en regla”, explicó una fuente al interior del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, consultada por este medio, que pidió ser conservado en el anonimato, por temor a represalias.

En la mayor de las paradojas, la falta de este reglamento es el argumento esgrimido por el Instituto de Movilidad para no intervenir en el tema de los mototaxis, que han comenzado a crecer en distintas partes del estado, incluido en Playa del Carmen. Hasta ahora, la autoridad se ha limitado a señalar que realizan un “censo” de estas unidades, pero que no tiene todavía bases para intervenir, pese a que contra taxistas sí aplican sanciones.

Esto ha generado quejas por parte de los operadores, pues no ven “piso parejo”. En especial, que con ellos se les pida cumplir con toda clase de medidas de seguridad, pero a los mototaxis, unidades endebles de tres llantas, sin garantía alguna, se les deje circular sin vigilancia alguna.