Chetumal.– El Instituto de Patrimonio del Estado (IPAE) se transformará en la Agencia de Proyectos Estratégicos gracias a que la XV Legislatura aprobó reformas a la Ley del Patrimonio del Estado impulsadas por Carlos Joaquín.
Se impulsarán proyectos viables de asociación público privados con el fin de dotar de mayor infraestructura y mejores servicios a la sociedad quintanarroense
El Congreso aprueba a Carlos Joaquín
El Pleno del Congreso aprobó las reformas a la Ley del Patrimonio y la Ley de Asociaciones Público Privadas.
Dichas reformas fueron presentadas por el gobernador Carlos Joaquín, como parte de la reorganización de la administración pública estatal.
El IPAE se transforma
En los transitorios del decreto, se estableció que los recursos humanos, materiales y financieros del IPAE serán transferidos a la Agencia de Proyectos Estratégicos.
La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado será un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico.
Tendrá el objetivo aprovechar el patrimonio inmobiliario de la administración pública estatal.
Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado
La Legislatura podrá revisar los alcances de cada uno de los proyectos APP (asociaciones público-privadas).
Así como la proyección que demuestre que la entidad contratante tendrá los recursos suficientes para cubrir dicha contraprestación y sus demás compromisos durante la vigencia del contrato en que se formalice el proyecto, el dictamen de viabilidad, una clasificación detallada de las obligaciones que se deriven del mismo, entre otros.
Infraestructura y servicios a largo plazo
En cuanto a la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo, será un instrumento jurídico que dará certeza tanto a la iniciativa privada como al gobierno del estado y los municipios.
Tendrá el objetivo de generar proyectos de infraestructura y servicios de largo plazo.
Se prevé que sea mediante el concurso de la inversión privada en proyectos de infraestructura básica y social, así como en la prestación de servicios públicos destinados a la población en general.
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Con esta nueva ley se abroga la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios.
