PLAYA DEL CARMEN, MX: La presidenta municipal Cristina Torres Gómez, anunció la mañana de este martes que se iniciará un nuevo proceso legal. Ahora en contra de quienes integraron el Cabildo junto a Mauricio Góngora Escalante y aprobaron la concesión a Aguakan.

Responsabilidad legal por aprobar concesión de Aguakan

Esto, por incurrir en un exceso de funciones al aprobar dicha concesión a la empresa y donde hasta quienes no votaron, como fue el caso de Laura Beristaín Navarrete, tendrán responsabilidad.

Es decir, explicó, “la gente que se quedó callada, por omisión tácitamente también avaló no la concesión (a Aguakan), sino la ilegalidad en que se incurrió; es un tema de responsabilidad de los servidores públicos. Es un expediente que tiene abierto la  Contraloría para poder dirimir las responsabilidades por un exceso de funciones”.

Luego de iniciar el proceso legal para revocar la concesión a Aguakan, la alcaldesa expuso lo que seguirá en éste, donde corresponde a  la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) iniciar a inspección para revisar no sólo que se preste el servicio, según la concesión, sino que tenga la calidad, las condiciones, el precio, y la satisfacción del servicio al usuario.

Posteriormente, se citará a los representantes de Aguakan para que expongan sus argumentos como corresponde a derecho, para tratar de desvirtuar los señalamientos o comprobar que cumplen con lo establecido en el título de concesión.

Pero en tanto se da esto, la Contraloría municipal hará lo propio con respecto a la responsabilidad de los ex concejales, entre los que se incluye la hoy diputada Laura Beristaín Navarrete, Gabriela Barquet Juárez, Víctor Sosa Santoyo, y otros

“Ahí hay responsabilidad de los servidores públicos anteriores, va en paralelo de todo el Cabildo, incluso los que no votaron a favor porque nunca lo hicieron patente”, indicó al respecto.

“Una vez que la Contraloría determine, porque hay presunción legal de violación al Bando (de Policía y Buen Gobierno), la Contraloría pondrá del conocimiento de la Sindicatura y la presidencia las vistas del hecho probablemente constitutivo de delito, y se presentará una querella correspondiente, es el procedimiento”, expuso.

En cuanto la Contraloría determine esto, se procederá por la vía penal por dicho exceso de funciones toda vez que hay un daño al patrimonio de terceros. “En ese momento viene a la Sindicatura y la Presidencia para que pongamos las denuncias por exceso de funciones, ejercicio indebido de la función publica”, enfatizó.