PLAYA DEL CARMEN, MX.- La presidenta de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, al dar a conocer este viernes el “acuerdo reparatorio” con el ex tesorero Gabriel Castro Cárdenas, no sólo logra recuperar parte de los recursos públicos que no fueron utilizados debidamente por la anterior administración; también reafirma con hechos su compromiso de actuar a favor de la ciudadanía que, en este caso, fue la más afectada.

Un acuerdo que beneficia a trabajadores del Ayuntamiento afectados

La alcaldesa, mencionó en su entrevista con los medios que el ex tesorero devolvió 5 millones 300 mil pesos (5 millones 394 mil pesos), aclarando que sólo cubre la parte de responsabilidad que a él toca, por lo que el proceso penal continuará contra otros imputados.

El monto devuelto por el ex funcionario, es específicamente para la empresa de prestaciones FINMART que, como se recordará, hacía préstamos a los trabajadores del Ayuntamiento, dentro de un acuerdo suscrito por el ex presidente Mauricio Góngora Escalante, y que también fue firmado por el entonces tesorero, Gabriel Castro Cárdenas, y el Oficial Mayor, Rafael Castro Castro.

FINMART hizo varios préstamos, y el Ayuntamiento retuvo y descontó a los trabajadores de sus nóminas el importe quincenal a pagar por dichos créditos, pero no hizo tal pago a la empresa, ni entregó los recursos a la administración municipal entrante, con lo que se ocasionó un daño patrimonial superior a los cinco millones 150 mil pesos.

Si bien es cierto que el dinero devuelto es 200 mil pesos superior al monto referido, cabe observar que ni así queda cubierto el total del daño causado.

Y es que, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Quintana Roo, refiere textualmente:

ARTICULO 60.- En caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos y/o por daños o perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 47, se aplicarán dos tantos del lucro obtenido y/o de los daños o perjuicios causados. Las sanciones económicas establecidas en este artículo, se pagarán una vez determinada en cantidad líquida, en su equivalencia en salarios mínimos vigentes al día de su pago, conforme al siguiente procedimiento:

I.- La sanción económica impuesta se dividirá entre la cantidad líquida que corresponda al salario mínimo mensual vigente en el Estado al día de su imposición, y

II.- El cociente se multiplicará por el salario mínimo mensual vigente en el Estado, el día de pago de la sanción. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por salario mensual, el equivalente a treinta veces el salario mínimo diario vigente en el Estado.

Es decir, no se ha resarcido el daño en su totalidad y el “acuerdo reparatorio” que refirió Cristina Torres.

“La empresa financiera deja de presionar al trabajador, en este caso libera a cientos de trabajadores de este pago, por eso es que se decidió este acuerdo”, como explicó.

Pero los demás imputados, continuará el proceso para que paguen la parte que les corresponde.

Además, estos créditos han generado intereses que también deben cubrirse.

“Nosotros decidimos impulsar (el acuerdo) porque beneficia al trabajador, poco más de 300 trabajadores”, resumió la edil, “en este caso (el ex tesorero) admitió la culpabilidad y repara el daño que le corresponde”.

Si bien es la cifra más importante hasta ahora que se ha recuperado, ya ha habido otras pero en menor cantidad.

Tan sólo en el 2016, la Contraloría municipal resolvió 20 procedimientos administrativos que generaron no sólo la devolución de diversos montos o faltantes, sino que se logró la inhabilitación de servidores públicos como fue el caso de Felipe de Jesús Castillo Mezeta, ex director de Egresos.

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Tras comprobarse su responsabilidad, y reparar los daños, se le inhabilitó por un año, pero en cinco procesos diferentes, es decir, en total quedó inhabilitado por 5 años para ocupar cargos públicos. Además de que actualmente se encuentra recluido, para enfrentar otra denuncia por el quebranto a las finanzas públicas, siendo éste el primer ex funcionario de la administración de Góngora Escalante en estar tras las rejas.

La presidenta Cristina Torres, fue tajante al señalar que se continuarán los procesos hasta que se logren recuperar los más de 700 millones de pesos que a la fecha se ha detectado que faltan o no han sido esclarecidos de manera clara por los funcionarios de la pasada administración.