Playa del Carmen.- El Consejo Coordinador Empresaria (CCE) de la Riviera Maya, unido con varias otras asociaciones y ciudadanos, ingresó una solicitud de amparo en contra del sistema de parquímetros que ha instalado la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano, además de alegar una serie de irregularidades en el proceso de concesión, y una deficiente fundamentación para este sistema.

En rueda de prensa, Lenin Amaro Betancourt, presidente del CCERM, indicó que se trata solo del primero de una serie de amparos que presentarán como “frente común”, argumentando que el que no se les vea marchar por las calles no significa que no se opongan a esta concesión.

Sonia Gutiérrez Ávalos, abogada quien ha tomado este litigio de forma gratuita, aseveró que se trata de un esquema “fallido”, pues en la Ciudad de México en nada ha mejorado la movilidad, además de generar un aumento en la contaminación y en la inseguridad.

Recordó que fue el 10 de noviembre de 2017 cuando en asamblea de Cabildo se modificó el reglamento de Tránsito para introducir la figura de parquímetros, con base en una justificación de apenas dos párrafos, sumamente escueta, pues únicamente señala que ha empeorado el tránsito en el primer cuadro de la ciudad.

“Con estos dos párrafos, emiten más de 20 hojas de legislación”, comentó, indicando que esto es una justificación deficiente.

Pero, además, no se ha visto que esta reforma fuera publicada en el Periódico Oficial, lo que significa que la instalación de parquímetros no tendría todavía fundamento legal. A eso se añaden otras irregularidades, como el que esta licitación no aparece en la plataforma nacional, y que la concesionaria no figura en el padrón de proveedores del estado.

Fue hasta diciembre de 2018 que la concesión sí fue publicada en el Periódico Oficial, por lo que se dice que el plazo para ampararse ya feneció, aunque también la ley permite ampararse 15 días después del inicio de aplicación de la medida, lo que están tomando desde el día 4 de este mes, con la notificación de la instalación de estos parquímetros. Incluso, queda otra ventana, a partir del primer cobro.

Queda por verse si el Quinto Juzgado de Distrito admite la solicitud de amparo y si otorga la suspensión provisional que se solicitó.

Cabe destacar que dos veces se le recordó a la abogado que como asesora del regidor César Navarro, presidente de la Comisión de Transporte en el gobierno de Cristina Torres, ella vio todo este proceso y las supuestas irregularidades, pero Lenin Amaro interrumpió para indicar que posteriormente se aceptarían preguntas, sin que el tema volviera a salir.

Amaro Betancourt también indicó que, paralelo al litigio ante la justicia federal, hacía el llamado al nuevo Cabildo y presidenta municipal, al igual que al gobernador del estado y a la XVI Legislatura del Congreso local, para que intervinieran en este asunto y consideraran no solo las irregularidades cometidas, sino el sentir de la ciudadanía.

Sonia Gutiérrez Ávalos recordó que la concesionaria no solo se quedará con el 75% de los ingresos de los parquímetros y renta de bicicletas, sino además por el cobro de publicidad, en un espacio que es vialidad pública y que fue construido y que se mantiene con dinero de impuestos.

Presentes estuvieron diversos representantes de asociaciones civiles, así como la Barra de Abogados.