Cancún.- La secretaria del Trabajo y Previsión Social afirmó que su instancia no tiene protección alguna para nadie, incluido dueños de periódicos, pese a que los casos de varios trabajadores despedidos permanecen sin solución, principalmente de la empresa Quequi, propiedad de Pepe Gómez, un empresario beneficiado por el cobijo borgista.
Cuestionada en torno a las demandas laborales que permanecen estancadas contra las empresas Quequi y La Verdad de Quintana Roo, la funcionaria culpó a los demandantes de no estar al pendiente de sus casos.
“Es muy conveniente que estén al pendiente porque sus abogados les dicen que es la Junta cuando no han ni solicitado los expedientes”, expuso.
EVADEN NOTIFICACIONES
Mencionó que, en el caso del Quequi, hay un caso en específico donde no se ha podido notificar en la dirección de la parte demandada.
Se trata de un reportero que debió recurrir al amparo ante la inacción de justicia por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En este caso, existe un mandamiento de un juez de distrito para emplazar a la empresa, que se mantiene sin cumplimiento, motivo por el que este organismo ya ha sido multado cinco veces.
DESTITUCIÓN INMINENTE
Contactado posteriormente, el trabajador indicó que el siguiente paso será abrir un incidente de inejecución de sentencia para destituir a la presidenta de la Junta, seguido de la propia Catalina Portillo, si insisten en el desacato.
Cuestionada sobre La Verdad, la secretaria dijo que se está notificando, pero existe “una carga excesiva” de trabajo que retrasa este proceso.
