Senadores por Quintana Roo ignoran a organizaciones ciudadanas: Luz María Beristain se ausentó de votación, Félix González Canto y suplente de “Niño Verde” votaron en contra.

El Pleno del Senado de la República aprobó el martes por 94 votos a favor y 23 en contra la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El artículo 29, que aborda la Ley 3 de 3, expone que las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de la alta burocracia serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución, lo cual será determinado por el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.

Esta especificación, de acuerdo con expertos en transparencia, fue una forma de “ignorar” y “fallar” a los más de 600 mil ciudadanos que firmaron la iniciativa por el nivel de hartazgo hacia la corrupción. Con tal de “protegerse” y no explicar el origen de sus bienes, los legisladores demostraron su falta de compromiso con la ciudadanía y desperdiciaron la “oportunidad histórica” de avalar un referente a nivel internacional.

Sin embargo, subrayaron expertos consultados, la ley también contiene puntos favorables, como la lista negra que impide a funcionarios sancionados por corrupción seguir brincando a otros cargos y la creación de una Fiscalía Anticorrupción especializada e independiente, el nacimiento de un Tribunal de Justicia Administrativa especializado y ordena la coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP) en una política integral.

Durante la madrugada, 59 senadores votaron en contra de que sea obligatorio que las declaraciones se publiquen de acuerdo con el formato de la Ley 3 de 3 apoyado por más de 634 mil firmas ciudadanas: 52 legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), seis del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y un independiente. En contraste, 51 senadores votaron a favor sobre la máxima publicidad de las declaraciones: 34 miembros del Partido Acción Nacional (PAN), 16 del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y un independiente.

Además, 17 senadores no votaron ese punto y un Senador del Partido del Trabajo (PT) se abstuvo.

“Lo que quedó en el dictamen aprobado es que sea el Comité Ciudadano, que se instalará como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, quien decida qué va a ver en esos formatos públicos. Es desafortunado porque no es lo que pedimos los miles de ciudadanos que estamos a favor de esta iniciativa”, declaró en entrevista Alexandra Zapata, coordinadora del proyecto 3 de 3 del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). La ciudadanía pidió “que se establecieran formatos [para publicar declaraciones] directamente en la legislación, que no estuvieran susceptibles a interpretaciones de un Comité –que aún no sabemos cómo estará integrado– ni a presiones de la clase política en un futuro. Ahí está centrado el enojo ciudadano, la frustración y la tristeza con la falta de compromiso que vimos ayer”.

Alejandro González Arreola, director de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), aclaró a este medio que al no haber consenso entre las fuerzas políticas sobre el tema de la publicidad de las declaraciones de los funcionarios públicos, dejaron que sea el Comité Ciudadano el que defina los campos específicos que cada uno tiene que llenar al presentar su declaración.

“Si esto hubiera pasado tal y como habían planteado los ciudadanos, hay políticos que en este momento, al hacerlo público, no podrían explicar sus bienes. Muchos de ellos han acumulado bienes que provienen de actos de corrupción. Obviamente muchos de ellos prefirieron protegerse; no fueron abiertos y sensibles en ese tema en particular”, explicó.

“No es el mejor escenario ni lo ideal en función de cómo había avanzando la iniciativa”, reconoció González Arreola. Pero enfatizó que aunque “la información de las declaraciones no va a ser pública necesariamente, sí la va a tener el Sistema Nacional Anticorrupción de manera que va a poder identificar situaciones particulares a partir de inteligencia financiera. Este Sistema tiene un secretariado ejecutivo que integra a las diferentes áreas responsables de combate a la corrupción presidido por un consejo ciudadano, lo cual le da mayor fortaleza […] Aún cuando no se hacen públicas, obliga a los funcionarios a entregarlas a la secretaría ejecutiva del sistema que podrá monitorear investigar, y eventualmente dar pista a la instancia independiente de procuración de justicia”, dijo.

Zapata, del IMCO, acusó que los senadores del PRI y del Partido Verde tuvieron la oportunidad histórica de poner al país como un referente de lucha anticorrupción, pero “literalmente ignoraron a la ciudadanía” y “decidieron patear el bote y fallarle a los cientos de miles de ciudadanos que confiaron en esta vía institucional. Queda claro que estos senadores no escuchan a los ciudadanos, no les importa el nivel de hartazgo tan grande que tenemos los ciudadanos contra la corrupción […] Muchos de los senadores que ayer votaron en contra mostraron un nivel de hipocresía enorme porque ellos ya presentaron su 3 de 3”.

Sin embargo, expuso que los otros artículos “dan dientes” al Sistema Nacional Anticorrupción para detectar y sancionar la corrupción en todos sus niveles.

“Un avance muy importante es la creación de la lista negra de funcionarios sancionados: un funcionario que sea sancionado por un acto de corrupción a nivel federal ya no podrá brincar a un puesto de un estado o municipio. También es fundamental que se integren mecanismos de denuncia y que se proteja a los denunciantes, se tipifican los tipos de corrupción […]. No fue un fracaso, pero hubo una oportunidad histórica que se dejó perder”, concluyó.

El director de Gesoc también cree que el resto de la legislación es “muy buena, muy robusta y es un precedente importante en el combate contra la corrupción”.

El Sistema Nacional Anticorrupción, justificó, ya no va a estar en manos de funcionarios públicos, sino vigilado por un comité de participación ciudadana.

Asimismo, se crea una fiscalía anticorrupción especializada e independiente, nace un Tribunal de Justicia Administrativa especializado y mandata a la coordinación entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) en una política integral.

Habrá una serie de modificaciones a las penas a las cuales se pueden someter quienes sean encontrados culpables, añadió. Hay una diferencia entre faltas administrativas y faltas penales. Así es más sencillo que no atiborren a los tribunales con casos administrativos y quite tiempo y espacio para casos donde sí hay corrupción. (Sin Embargo)