Mérida, Yucatán.- Casi 70 mil casas cerradas o abandonadas en Yucatán, más de 50 mil en Mérida y unas 15 mil en la zona costera, no podían pasar inadvertidas para las redes de la delincuencia, en particular bandas organizadas que operan en el centro del país.
De unas semanas a la fecha han surgido varios casos de personas que denuncian suplantación de identidad, una de las formas en que estos delincuentes se apropian de casas cuyos dueños no las habitan.
Estas redes están coludidas con personal de bancos, notarios y funcionarios públicos para enajenar estos predios, haciéndose pasar por los dueños, vendiéndolos o traspasándolos a terceros.
Los casos más emblemáticos son los de un conocido investigador social que ha denunciado en la prensa, y el de la esposa de un ex diputado y líder obrero que hizo viral su caso en redes sociales y medios electrónicos.
Estas redes de la delincuencia operan en lugares donde hay casas cerradas. Por ejemplo, en el fraccionamiento Las Américas hay 12 mil casas construidas y muchas están en renta, otras no. Un 10% están cerradas por meses o temporadas. Esta red averigua qué casas permanecen con dos o tres meses de abandono, para luego obtener la información de los dueños, con el fin de suplantarlos y apropiarse de los predios.
El año pasado en Toluca y dentro del Infonavit, 180 casas fueron vendidas ilegalmente con el mismo procedimiento que han utilizado en Mérida, donde los casos aumentaron desde hace dos años.
De acuerdo con el investigador Luis Ramírez Carrillo, las bandas cuentan con información del Infonavit, bancos, Registro Público de la Propiedad y Catastro.
Aseveró que se trata de un tema de interés público, porque en Mérida hay un 20% de predios cerrados, alrededor de 12 mil casas en el centro y 40 mil en nuevos fraccionamientos. En la playa hay 15 mil casas cerradas.
En el caso de Irma Castro, esposa del líder de la CROC en Yucatán, Pedro Oxté Conrado, el lunes acudió a su predio en la sección Arboleda de Ciudad Caucel y se llevó la sorpresa de que ya tenía nuevo “dueño”, a pesar de que ella no ha vendido el predio.
En su caso ya recuperó el predio y, tras una investigación, se determinó que detrás estuvo una banda de fraude inmobiliario de la Ciudad de México.
MÁS CASOS
Semanas atrás, agentes de la SSP detuvieron a José Daniel Argáez Manzanilla y Manuel Efrén Poot Rosado, quienes pretendieron engañar a un notario público para vender ilegalmente un predio.
Ambos se presentaron a realizar un trámite ante el fedatario con una credencial de elector falsa, por lo que fueron imputados por el delito de falsificación de documentos, denunciado por el notario público Luis Fernando de Jesús Pino Barrera.
Los hechos ocurrieron el 12 de diciembre, cuando los sujetos se apersonaron a la Notaría Pública número 26, ubicada en el fraccionamiento Campestre, y solicitaron hablar con el fedatario Luis Fernando Pino para que les expidiera un poder amplio a favor del ciudadano Gabriel Adrián Betancourt Ordóñez.
Argáez Manzanilla dijo que se llamaba Manuel Gaspar Argáez Cervera y entregó una credencial de elector con ese nombre.
El notario vio rara la credencial, por lo que la puso bajo la luz ultravioleta y la comparó con otras, encontrando que ésta no contaba con elementos de seguridad y se presuponía que era falsa, por lo que llamó a la policía.
REFUERZAN CANDADOS
Consultado sobre estos casos, el Registro Público de la Propiedad aseguró que aplica un protocolo de seguridad más estricto.
Ahora el personal del Registro, por instrucciones de su directora, la abogada Celia Maldonado Llanes, pone énfasis en la revisión de los títulos que se presentan para su inscripción en el Registro Público.
Según se averiguó, ahora se hace una revisión minuciosa de cada uno de los documentos, aumentando así la carga de trabajo y, por ende, los trámites llevan más tiempo que antes.
Sin embargo, con esta revisión minuciosa se busca evitar que tanto notarios como la ciudadanía se vean afectados en las operaciones con inmuebles y se pueda seguir contando con un Registro Público confiable y atento.
