Mediante un decreto, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla se hizo del control de los colegios privados, de todos los niveles en la entidad. Decisión que ha causado mucha polémica en ese estado luego de que esto se diera a conocer.
La nueva Ley de Educación, aprobada de manera rápida, establece políticas más duras al incorporar sus inmuebles al Sistema Educativo Estatal, además de sanciones por 440 mil pesos o más ante posibles actos arbitrarios, como la retención de documentos y la negativa de brindar educación a estudiantes.
Esta decisión ha generado rechazo por parte de instituciones y asociaciones del ramo, además de los partidos políticos de oposición al gobierno de Morena y Barbosa en Puebla, que anunciaron un combate jurídico contra la ley aprobada el pasado 15 de mayo por la mayoría de los diputados de Juntos Haremos Historia.
Lamentan que esto se haya dado sin previo análisis o sin tomar la opinión de universidades ni escuelas privadas.
SE DEFENDERÁN
El rector de la Universidad Anáhuac, José Mata Temoltzin, dijo que tanto el Consorcio Universitario y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior analizan las acciones a seguir tras no ser escuchados por el gobierno de Barbosa.
Por su parte, Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, consideró que la nueva ley es un ataque al sistema privado de educación, pues tiene un “espíritu intervencionista”.
Partidos como el PRI y el PAN en la entidad advirtieron que llevarán a la Corte la impugnación a la ley.
Dentro de los 155 artículos que incluye esta normativa, está el 105, que establece que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal, aunque la norma no especifica con claridad qué significa esto.
EDUCACIÓN, NO NEGOCIO
Miguel Barbosa ha argumentado que esta ley defiende la educación, pues ésta “no es un negocio, no debe ser un negocio y nunca ser utilizada para lo que se utilizó en otros tiempos: las estafas maestras”.
Otro tema polémico es que esta ley permite investigar aumentos en las cuotas particulares, prohíbe que se condicione la compra de uniformes y materiales, y las instituciones tendrían que colaborar en esquemas de fiscalización que podrán ser autorizados por la SEP cuando un padre de familia lo solicite.
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Las sanciones, según esta ley, van desde los 440 mil pesos y hasta los 870 mil pesos.
Las escuelas particulares y sus directivos ya analizan tramitar un amparo, aunque se enfrentan al problema de que los tribunales están cerrados. Tienen hasta el 30 de junio para hacerlo.
Habrá que ver en qué termina esta nueva polémica de Barbosa en Puebla. ¿Qué opinas de la decisión de este gobernador?
