Este 5 de junio hay elecciones en Quintana Roo, pero también hay una consulta para saber si la gente de 4 municipios quiere que continúe la concesión de agua potable. Sin embargo, no hay que olvidar que el resultado de la misma no determinará por sí mismo si el contrato finaliza o no.
¿Por qué? Porque si bien es un ejercicio ciudadano importante, el hecho de que no sea determinante convierte a la consulta en un fuerte gasto para el estado. El gobierno estatal y el Ieqroo debieron destinar recursos que bien pudieron ser usados para una de las necesidades apremiantes de los quintanarroenses. Por ejemplo, servicios de salud o educación.
A eso hay que agregar a los políticos oportunistas que se han colgado de la consulta y de la revocación de la concesión para impulsar sus carreras y buscar puestos de elección popular. Es decir, si se analiza fríamente, siguen haciendo campaña con nuestros impuestos.
Pero volvamos a la consulta. Sirve siempre y cuando esté muy definido el objetivo, y que sea vinculante. Recordemos por ejemplo la consulta contra los ex presidentes. Se llevó a cabo, la gente participó a favor de que investigara, pero no ha pasado nada, y probablemente siga todo igual.
Y en Quintana Roo nos enfrentamos a un escenario similar, porque el fin o no de la concesión no depende de la voluntad popular. Es un asunto legal que la empresa concesionaria y el gobierno estatal deben ver en tribunales incluso internacionales.
Y a eso hay que agregar que si el gobierno estatal termina de manera unilateral el contrato vigente se tendría que pagar una millonaria compensación a Aguakan, lo que se traduce en menos recursos para Quintana Roo.
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Además no hay que dejarnos engañar. En teoría una consulta nos hace pensar en democracia participativa, pero tiene razón de ser cuando la decisión realmente va a incidir en la vida pública. De lo contrario las autoridades solo nos están dando atole con el dedo.
Al rato los políticos serán capaces de proponer consultas para dejar de pagar servicios como el predial, la luz, el teléfono o que el internet sea gratuito. Y por muy bien que puedan sonar esas propuestas y que la gente votara por ellas, no por eso se harán realidad. Todo con tal de quedar bien ante los ojos de los ciudadanos, sin importar que sea algo viable o no.
Así que no hay que perder de vista que una consulta no es el camino para acabar con una concesión. Esta solo puede concluirse a través de litigios, con abogados. Y en este caso resultaría sumamente costoso para el gobierno de Quintana Roo acabar el contrato vigente. El estado se quedaría sin recursos. ¿Es un precio que está dispuesto a pagar en plena reactivación económica tras la pandemia?
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