Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un artículo de la Ley de Educación de Nuevo León, con el que se buscaba “adoctrinar” a la niñez sobre el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte.
El Pleno declaró inconstitucional el artículo 7, fracción XII de la Ley de Educación del Estado, que entró en vigor en 2020.
Los ministros señalaron que es la primera ocasión que se analiza el tema de una Ley de Educación de un estado, por un hecho que viola la libertad de conciencia y creencias religiosas.
La intervención del máximo tribunal mexicano derivó de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la modificación del estatuto.
“La educación laica implica la prohibición de adoctrinamiento porque debe ser objetiva, plural y respetar la libertad de creencias de los padres”, de acuerdo con el ministro Javier Laynez Potisek.
En su ponencia, el togado añade que “además, no es válido que una entidad federativa promueva una creencia moral o religiosa específica mediante la educación, sobre todo si es la modalidad pública”.
“Adoctrinar mediante la educación pública, entendido como la enseñanza de ideas sin permitir el escrutinio independiente de los estudiantes, está prohibido constitucionalmente. La educación laica implica también la prohibición de adoctrinamiento.”
“Esta Corte concluye que la definición de la vida desde la concepción hasta la muerte busca imponer una ideología (…) ese mensaje tiene la pretensión de adoctrinar para evitar o inhibir decisiones libres sobre su cuerpo y su salud sexual y reproductiva”, explica Laynez Potisek.
En tanto, la ministra Loretta Ortiz Ahfl subraya que se viola la libertad de conciencia “al tratarse de cuestiones íntimamente relacionadas con la capacidad de gestar y la obligación de eliminar prejuicios, estereotipos de género y la discriminación contra las mujeres”.
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El ministro Luis María Aguilar Morales indicó por su parte que la norma impugnada es abiertamente inconstitucional porque impone límites “a decidir sobre el cuerpo y la vida, al número de hijos que desea tener, entre otros derechos vinculados a la dignidad humana”.
