El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) denunció el abandono del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a los familiares de 54 víctimas de desaparición forzada adjudicadas a miembros de la Marina en 2018, casos ocurridos en la ciudad fronteriza.
De los 54 casos de desaparición forzada registrados por el CDHNL, 52 son atribuidos a personal adscrito a la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), a cargo del entonces almirante, Marco Antonio Ortega Siu.
Estos operativos fueron realizados entre enero y mayo de 2018, en los que resultaron múltiples detenciones y 54 personas fueron desaparecidas de manera forzada.
Dos casos más, ocurrieron en diciembre de 2018, ya durante el mandato de AMLO, identificándose como los presuntos perpetradores a miembros de la Marina.
“En el gobierno de López Obrador se nos prometió que se castigaría a los responsables de las desapariciones forzadas de nuestros familiares sin importar que pertenecieran a una institución de las fuerzas armadas, y eso no sucedió, se acabó el sexenio y seguimos sin encontrarlos” denunció Ericka Arredondo Flores, madre de Julio César Viramontes Arredondo, desaparecido el 18 de febrero de 2018.
Asimismo, el presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, reprochó que “no existe ninguna sentencia condenatoria en firme en contra de los responsables”, a pesar de que las desapariciones forzadas fueron reconocidas en un acto de disculpa pública, derivado de la Recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el mismo sexenio de AMLO.
El activista lamentó que hasta ahora “ninguna institución del Estado mexicano mantiene un interés real por ayudar a localizar a las víctimas”, mientras que a sus familiares dependencias como la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), CNDH y la Fiscalía General de la República, les han negado reuniones de seguimiento de los casos.
En un comunicado, Ramos Vázquez explicó que los titulares de las dependencias “tienen conocimiento del caso Tamaulipas, pero ninguna quiere ayudar; la presidenta de la CNDH dejó fuera de la recomendación a más de 20 personas para no exhibir el operativo de Estado, la FGR no ha podido demostrar la responsabilidad directa de 24 marinos en cuatro carpetas procesales y tuvieron que ser liberados por un juez federal, mientras que la CEAV no ha realizado ninguna sola reparación integral a cinco años de emitida la recomendación”.
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Ramos Vázquez consideró que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra “debe renunciar al cargo por ineficiente, por no darle importancia y seguimiento a la recomendación, mientras que la Secretaría de Gobernación debe responder a una solicitud de audiencia que le hicimos este año”.
Con información de Proceso.
