La candidata a jueza con más votos en la pasada elección judicial en la Ciudad de México (Cdmx) ha resultado ser una exagente del Ministerio Público que llegó a ser destituida tras ser acusada de tortura e incluso de abuso sexual.
Tras ser denunciada por presuntos actos de tortura, abuso sexual y extorsión, Carmen Alejandra Lozano Maya dejó en 2020 el cargo de agente del Ministerio Público que ocupó durante aproximadamente 20 años en el Estado de México. Cinco años después, figura como la candidata con mayor número de votos para ocupar una plaza de jueza penal en la Ciudad de México, según los resultados de la elección judicial celebrada el 1 de junio.
Según el resolutivo del “procedimiento de presunta responsabilidad administrativa” emitido por la Unidad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Fiscalía del Estado de México, el 17 de enero de 2019, la entonces agente del Ministerio Público, Carmen Alejandra Lozano Maya, encabezó un operativo de cateo en un domicilio del Fraccionamiento Héroes Tecámac, en el que participaron al menos 25 funcionarios ministeriales con el rostro cubierto.
Durante dicho perativo, los funcionarios ministeriales, bajo la dirección de la entonces agente y hoy candidata Lozano Maya, ingresaron a un inmueble distinto al señalado en la orden de cateo. En ese lugar, una mujer y su hija menor de edad denunciaron haber sido privadas de la libertad, golpeadas, tiradas al piso y esposadas. Luego, a la madre de familia le colocaron un pie sobre la cabeza y el cuello, para inmovilizarla, mientras que a la menor de edad le revisaron su cuerpo, incluyendo sus partes intimas, y “la persona que la revisó no era del mismo sexo”.
De acuerdo con la denuncia de las víctimas, en el momento en que estos abusos sexuales y de tortura eran perpetrados por agentes ministeriales hombres, “la menor de edad citada le indicaba a la mencionada Agente del Ministerio Publico (Carmen Alejandra Lozano Maya, a cargo del operativo) que era menor de edad, a lo que le contestaba que le valía madres”.
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En la denuncia presentada por la familia se señala que, durante el operativo, al domicilio llegó el segundo hijo de la mujer, quien también era menor de edad al momento de los hechos. Según el testimonio, fue inmovilizado y sometido a agresiones físicas.
“No se omite señalar –se enfatiza– que dichos servidores públicos pidieron la cantidad de 150 mil pesos para que no siguieran torturando al hijo de la denunciante”, se indica en el documento.
Y no es la única denuncia en su contra por abuso de autoridad y corrupción. Sin embargo, ninguna denuncia prosperó porque las víctimas no tenían pruebas, según las autoridades. Y pese al negro historial, fue avalada por el gobierno de la Ciudad de México de Clara Brugada para ser candidata a jueza.
Con información de Animal Político.
