La defensa legal del ex fiscal Francisco González Arredondo denunció que la jueza Hortensia García no atendió ningún argumento de la defensa en dos días de audiencia, mientras que validó y comulgó con todos los argumentos que presentó la Fiscalía de Chihuahua.

Tras una larga audiencia inicial, una jueza especializada en el sistema penal acusatorio dictó prisión preventiva justificada al ex fiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco González Arredondo, resolución que el equipo de defensa del abogado va a impugnar vía apelación y juicio de amparo, por considerar que privar de su libertad al ex servidor público no tiene argumentos ni asidero legal.

A través de un comunicado, la defensa de González Arredondo explicó que solicitó la duplicidad del término constitucional para poder presentar presentar pruebas de descargo a favor del también ex fiscal Especializado en Desaparición Forzada del estado de Chihuahua, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se programó para el próximo sábado 26 de noviembre a las 10 de la mañana.

Por lo anterior, será hasta ese día que la jueza de la causa defina si hay elementos o no para vincular a proceso al ex fiscal por el delito de tortura que le imputan testigos de identidad reservada que anteriormente contaban con un criterio de oportunidad por dar a conocer presuntos casos de corrupción y cohecho que involucran al ex gobernador César Duarte Jáquez y a la actual gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván.

En este marco, los defensores del ex fiscal denunciaron una actuación parcial y carente de independencia de la jueza de control, Hortensia García Rodríguez, ya que la juzgadora rechazó de manera sistemática todos los argumentos y recursos presentados por la defensa, mientras acepta y válida todo lo que esgrime la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a través de una comisión especial que preside su actual titular Roberto Fierro Duarte.

Además, acusan a la impartidora de justicia de desestimar una suspensión de amparo otorgada al ex fiscal para el efecto de que un juez en la materia vigile la libertad personal del imputado.

El argumento principal de la Fiscalía de Chihuahua es que “González Arredondo podría y querría influir en los testigos o víctimas de la imputación” que enfrenta por el delito de tortura, señalamiento a que a juicio de la defensa no se pudo comprobar.

Sin embargo, la jueza Hortensia García validó la petición del Ministerio Público y negó la posibilidad de que el ex fiscal anticorrupción de Chihuahua siga su proceso en libertad.

Por lo anterior, la defensa del ex servidor público y catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, reiteró que la juzgadora local está actuando por consigna y que la imputación contra su representado forma parte de una venganza política:

“Consideración con la que la Jueza comulgó, como por cierto lo ha hecho en absolutamente todas las peticiones y debates que se han dado en esta audiencia, pues excepto los recesos solicitados, a consideración de la Juez Hortencia García, en ningún otro aspecto nos concedió la razón jurídica”.

Durante la audiencia que se llevó a cabo entre la mañana martes y la madrugada de este jueves con varios recesos, la defensa del ex fiscal Francisco González Arredondo presentó como medio de prueba una suspensión provisional de amparo que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua concedió al ex fiscal referente a su libertad personal, recurso legal que fue desestimado por la jueza Hortensia García, por lo que se acusa a la funcionaria judicial de pasar por alto “un mandato de un juez superior”.

En este contexto, la defensa de González Arredondo acusó que la imposición de la prisión preventiva justificada al ex fiscal representa “una medida excesiva, irracional, injustificada y desproporcionada”, por lo que también resulta inconstitucional, debido a que el delito que se le imputa no ameritaba la citada medida cautelar.

Por lo tanto, la defensa advirtió que va combatir la prisión preventiva que ya se le impuso al ex fiscal anticorrupción de Chihuahua “ante las instancias y vías correspondientes”, es decir, mediante una apelación ante un tribunal de alzada y en su caso, un juez de amparo:

“Lo anterior, considerando que al no ser un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, luego entonces, la única posibilidad jurídica para imponerla es la de justificar la existencia de un riesgo, sea de sustracción de la acción de la justicia, sea de obstrucción a la investigación, o sea de producir una nueva afectación”.

Sin embargo, a juicio de la defensa, la justificación no se dio ni se argumentó en la audiencia inicial, por lo que debió imponerse una medida cautelar menos gravosa para el imputado, las cuales van desde la prisión domiciliaria hasta la firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca).

De igual forma, se advierte que la audiencia de imputación el propio González Arredondo presentó argumentos de porqué en su caso no estaba justificado el riesgo de fuga para imponerle la prisión preventiva justificada, medida cautelar que calificó como irracional y desproporcionada.

“En este caso no se justificó la prisión preventiva pues, no sólo no quedó acreditada, sino que fue ampliamente desvirtuada, no con argumentaciones, sino con variados y vastos registros de prueba que fueron incorporados por esta defensa a la audiencia”, puntualizó.

En concordancia con lo dicho en Aristegui en Vivo por el abogado Carlos Torres, el equipo que defiende al ex fiscal Francisco González Arredondo reiteró que el proceso legal en su contra está plagado de anomalías desde que se libró la orden de aprehensión al señalar que la tortura psicológica amerita prisión preventiva oficiosa, derivado de que la Constitución señala que esta medida cautelar solo corresponde a la tortura física de una persona.

“Esto nos hace presumir que la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, se conducen con evidente falta de independencia e imparcialidad y esto lo estamos denunciando ante mecanismos Internacionales de Protección de Derechos Humanos, al configurarse una violación a las garantías judiciales, reconocidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como en nuestra Carta Magna”, concluye el comunicado de la defensa.

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(Con información de www.aristeguinoticias.com)